Los servicios sociales del Ayuntamiento de Majadahonda poseen un mandato expreso: ningún majariego sin recursos económicos se quedará este invierno sin calefacción, algo que sí ocurrió en 2014 y que el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad y con el respaldo del PP a regañadientes, como siempre que está a punto de perder una votación. En esta ocasión fue la concejala de Bienestar Social, María José Montón, la que reprochó a la Oposición la iniciativa, que tachó de «demagógica», aunque lo sorprendente fue que no se refería a los partidos de Majadahonda que apoyaban la moción sino a los del Ayuntamiento de Zaragoza porque «gastaron 45.000 euros en una auditoría para descubrir que solo 15 familias estaban afectadas por este drama». Aunque su voto fue positivo, todos sus argumentos fueron negativos: de qué partida saldrá el dinero, favorecemos la irresponsabilidad social, ya existen ayudas, no sabemos qué familias lo necesitan, etc…
Fue la concejala de Ciudadanos (Cs), Ana Elliot, quien decantó la balanza a favor de la Oposición y por ello sus palabras fueron seguidas con expectación. Y tras el suspense inicial, no hubo lugar a dudas: «el 20% de los hogares está en el límite de la pobreza, sobre todo si son de familias monoparentales que encabeza una mujer. El corte de electricidad por falta de pago no es solo la calefacción en invierno: es también el frigorífico, la cocina, la luz… Necesitamos formar a nuestros funcionarios en eficiencia energética para asesorar a estos hogares sin recursos. Y debemos valorar, contrastar y asumir esas facturas sin escurrir el bulto porque esa realidad existe».
Irene Salcedo (Somos), promotora de la iniciativa, aseguró que le consta que familias con niños en Majadahonda pasan frío en invierno y que por los servicios sociales sabe que deben elegir entre «agua, luz o comida» y por ello no pagan los suministros. Para colmo, cuando les llegan las ayudas sociales, las tarifas de «reenganche» de las eléctricas son tan altas que se comen toda la subvención y abogó por «ni un hogar sin energía» en Majadahonda. Salcedo achacó la situación a las conocidas «puertas giratorias»: políticos que cuando acaban su mandato pasan a ser directivos de empresas de energía que eran reguladas por ellos. Por su parte, Juancho Santana (IU) recordó que el Ayuntamiento recibe 300.000 euros anuales como accionista del Canal de Isabel II y resulta paradójico que aún siendo los ciudadanos «accionistas» haya hogares majariegos al límite que carezcan de agua por falta de pago.
María José Montón (PP)
Peor fortuna corrió la moción de Santana que reclamaba aumentar los impuestos municipales para las gasolineras, cajeros bancarios y estaciones eléctricas de Majadahonda. En la iniciativa incluyó también las «pantallas comerciales» de algunos negocios, lo que echó por tierra su hilo argumental. Ana Elliot (Cs) de nuevo afirmó que si se gravaban con más impuestos a las pymes no se crearía empleo, al tiempo que subrayaba que siguiendo esa escalada fiscal se llegarían a poner tasas «por los escaparates» y finalmente todo «redundaría en los precios y nosotros queremos que los precios bajen». «¿Penalización fiscal a las pantallas?, me temo que no es posible», añadió el socialista Zacarías M. Maíllo. Santana se desgañitó entonces en separar a las empresas energéticas y bancos de las pymes y Alberto Moreno (Somos) propuso incluir también a las casas de apuestas, pero ya era tarde: la votación se echó encima y la propuesta no salió adelante.
