LIDIA GARCIA. «Nuestros compromisos: Nº 55- Priorizaremos la instalación de ascensores y otras medidas de accesibilidad para viviendas antiguas». Se puede decir más alto pero no más claro y el programa electoral con el que el Partido Popular (PP) concurrió a las elecciones en Majadahonda dejaba meridianamente diáfano su apoyo a esta medida, que cifraba con el numero 55 de las 100 que prometía a sus votantes. También Vox se comprometía en la promesa nº 46 de su programa a que «tratará los servicios sociales como competencia propia y no como impropia, en lugar de la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social”, que es la que establece la legislación como competencia propia en lugar de los servicios sociales». Y reforzaba esta idea en la «Medida nº 95″, la cual precisaba que de llegar al Gobierno establecería un «programa de emergencia de ayuda a domicilio. Dentro del servicio de asistencia primaria, el municipio garantizará el bienestar de sus vecinos en casos de invalidez por accidente o enfermedad en casos puntuales de emergencia como ayuda en las primeras semanas de adaptación a la nueva situación». No mencionaba las ayudas específicas para ascensores en vecinos con falta de movilidad, como hacía el PP, pero la redacción de su programa social parecía englobarlos.

Sin embargo, 60 días después de concurrir a las urnas, ambos partidos echaban abajo en el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda una propuesta del PSOE en la que se abstuvo Ciudadanos, quien por medio del concejal naranja Fernando Fuertes, argumentó que antes de aprobar algo así, había que «agilizar las licencias de obras» y aprobar la «cesión de espacio público» para los ascensores de edificios antiguos que por falta de sitio tuvieran que instalarse en el exterior de los edificios. La moción socialista, defendida por el portavoz Manuel Fort, reclamaba «un 25% de subvención para la instalación de ascensores de accesibilidad» y que un departamento municipal gestionase «la adaptación de las viviendas más antiguas». Defendieron la negativa a la moción el concejal de Vox, Pablo Pérez, que aunque en su programa figura la «municipalidad» de la asistencia social, le «echó el muerto» a la Comunidad de Madrid, «donde existen ese tipo de ayudas de hasta un 40%», por lo que «estando de acuerdo en el fondo y espíritu de la moción, tenemos que posicionarnos en contra».

También el concejal de Urbanismo, Manuel Troitiño (PP), se olvidó del punto 55 de su programa electoral con el argumento de que lo rechazaba «por responsabilidad y oportunidad«. Y confesó: «no estamos en condiciones de abordar» el contenido económico de la moción porque supone «embarcarnos en procesos inflacionistas«. Troitiño reconocía con cierta fatalidad que «la inaccesibilidad es algo por lo que todos iremos pasando en un trámite paralelo al desarrollo de nuestra vida«. E hizo un triple anuncio sobre futuros cambios burocráticos: «Estamos pendientes de una remodelación del area de Urbanismo«, dio a entender que no hacía falta crear ninguna oficina nueva sino aprovechar a los funcionarios «ya existentes» para que redacten el Informe de Evaluación de Edificios, preceptivo para introducir los ascensores. Por último, coincidió con Vox en que es la Comunidad de Madrid quien debe llevar la iniciativa en esta materia sugiriendo que los funcionarios municipales de Urbanismo y Servicios Jurídicos reciban instrucciones desde allí. La moción fue rechazada por los votos de PP-Vox (13), la abstención de Cs (7) y el voto a favor del PSOE (5).

EDITORIAL. La negativa del pacto PP-Vox a aprobar sus prometidas ayudas para introducir ascensores en edificios antiguos donde vivan personas mayores con problemas de movilidad o discapacidad ha provocado la judicialización del problema, pues una asociación sanitaria lo ha llevado a los tribunales. La Cadena SER, la Agencia Efe y El Plural se han hecho eco de la noticia y MJD Magazin reproduce la carta original (que también fue enviada a esta redacción) y que dio origen a ella. También la Asociación de Vecinos de Majadahonda ha hecho suyas estas demandas, al igual que otras asociaciones del resto de la Comunidad de Madrid y de España, según han dejado patente en las redes sociales, que han registrado más de 200 «impactos» con la reproducción de estas noticias desde diferentes ángulos.

El debate, sin embargo, no puede estar más plagado de despropósitos. PP y Vox no han «negado» ni «paralizado» ninguna ayuda sencillamente porque en Majadahonda no existen ni existían. Tampoco las ayudas prometidas inhabilitan las que ya posee la Comunidad de Madrid, como han dejado claro los portavoces que intervinieron en el debate. Igualmente parece desproporcionado llevar a la Fiscalía el asunto, pues hasta ahora los incumplimientos de los programas electorales no son delito, ya que carecen de rango de ley. Y mientras no cambie la legislación en este sentido parece difícil invocar un castigo penal a los políticos por el engaño. La calculada ambigüedad en la redacción de los programas debe hacer sospechar a los vecinos en futuras convocatorias electorales aunque en este caso tanto el PP de manera explícita como Vox de manera implícita parecían querer hacerse cargo de este problema de accesibilidad en materia social municipal, que ha sido denunciado en Majadahonda durante la legislatura pasada.

Lo que sí parece realmente preocupante es que con apenas 75 días en el Gobierno, el pacto PP-Vox solo sea noticia por sus flagrantes incumplimientos electorales. Comenzaron quebrando los acuerdos con el Colectivo de Prensa y Medios de Majadahonda (CPM) y ahora se saltan a la torera un punto muy claro de su propio programa social. No parece que haya entrado la legislatura con buen pie y no hace falta recurrir al sabio refranero español para recordar que lo que mal empieza tampoco puede concluir con fortuna. Ahí tenemos el ejemplo de Somos/Podemos entre las minorías y de Cs o PP, que arrastraron escándalos durante la anterior legislatura que terminaron cargando de plomo sus alas en las urnas. Por nuestra parte, solo recordaremos que nos parecen todavía pertinentes los 100 días de cortesía parlamentaria que todo Equipo de Gobierno necesita antes de pasar a recordar cuales fueron las promesas de ambos partidos en materia de regeneración y anticorrupción, que es el papel que la Constitución asigna sobre todo a la prensa como contrapoder y denunciante de las tropelías de los políticos, tanto del Gobierno como de la Oposición. Y aunque forme parte de nuestro trabajo, nada desearíamos más, por el bien de los vecinos, que esta labor fuera lo más reducida posible.

LA CARTA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE A LA FISCALIA. Att/ de la Fiscalía de Majadahonda-Pozuelo: Muy Sr/a. Nuestro/a: Nos dirigimos a Vd. por la noticia que acabamos de conocer y que nos llena de preocupación y estupor, por el contenido que en esta se expone, dejando sin efecto las ayudas a las personas con discapacidades que están en situación casi de encarcelamiento, por no poder salir de su casa, a causa que algo que la ley contempla: facilitar la colocación de ascensores o medios, para que tanto mayores como discapacitados puedan salir de casa, algo que limita su vida hasta el punto de estar psicológicamente afectados por esta causa. Un daño gratuito que creemos que puede contemplar un delito contra la salud las personas en está situación, agravado por la falta de cumplimiento que los ayuntamientos y comunidades, como servidores públicos, proporcionan para mejorar la calidad de vida de estas personas, impidiéndoles realizar actividades como ir al médico, a comprar etc, ya que muchas personas mayores viven solas. Esto nos hace pedir su intervención para que esta «falta de humanidad» quede sin efecto ya que no se pueden defender por sí mismos. Como decimos, pedimos su intervención ya que entendemos que esto es un presunto delito de quienes deben velar por la igualdad y cumplir la ley (adjuntamos Artículo 17. Planes de Movilidad Urbana Sostenible. – BOE.es). Por otra parte, nuestra solicitud la fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal. Atentamente, Carmen Flores (Presidenta).