JORGE RUBIO. El incremento en el precio de los alquileres está alcanzando cotas que recuerdan a los episodios vividos durante la «burbuja inmobiliaria» cuyo estallido fue uno de los detonantes de la crisis económica que todavía afecta a multitud de familias. Majadahonda es una de las ciudades donde el incremento de los alquileres está siendo más llamativo, lo que está promoviendo que algunas personas intenten sacar provecho de esta circunstancia y de la desesperación de las personas por encontrar una vivienda. El último de estos episodios vividos en la localidad ha sido denunciado por la cuenta de Twitter @elzulista, en lo que ha calificado como un «zulogaraje»: «Disfruta por solo 750€ de la sensación de sentirte con un Audi en el garaje de tus amos y tendrás ¡hasta baño privado! No lo dejes escapar!», escribe en su irónica denuncia. Una queja que se refiere al anuncio de un supuesto estudio en el área de El Plantío de Majadahonda: «Se alquila Estudio en Urbanización en Majadahonda, zona el Plantío. Reformado recientemente, se ubica en la planta baja de un chalet, pero es totalmente independiente. Dispone de un salón -habitación amplia– y con mucha luz natural. El estudio está amueblado con cama matrimonial, una mesa y dos sillas, baño privado y cocina independiente con electrodomésticos frigoríficos, placa inducción, utensilios cocina, etc». Sin embargo, tal y como señala El Zulista, lo que se anuncia como un estudio no es otra cosa que una plaza de garaje, lo que ha suscitado la indignación de multitud de usuarios a través de las redes sociales y a alcanzar notoriedad nacional a través de varios medios de comunicación que han denunciado este caso.  


«La inflación en el precio de los alquileres es una preocupación cada vez más extendida entre la sociedad española y muchos son los usuarios que denuncian a través de las redes los precios abusivos por los que se ofrecen algunas viviendas. El último caso que ha despertado indignación es la oferta de un garaje en Majadahonda por 750 euros al mes que se ofrece como un «estudio reformado ideal para pareja o personas solas», relata la cadena de televisión La Sexta. Por otro lado, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar con mensajes airados e irónicos sobre lo que se considera una práctica abusiva por parte del autor de este anuncio inmobiliario. «Espera, si los directivos de empresas viven en un garaje por 750€ más gastos ¿dónde viven los empleados? ¿En la caseta del perro? ¿En el contenedor de la basura? (@rastaflora)»; «Qué daño ha hecho el canal Divinity y sus programas de arreglar y alquilar sótanos y que cara tiene la gente (@Guanchijusticia)»; «Por 750 pavazos… ¿No daba para poner unas cortinas o algo para la intimidad y esas cosas? Es que ahí, uno se levanta un día se da cuenta de lo bajo que ha caído (literalmente) y no se puede ni ahorcar con intimidad… (@miguel_sb8)».

Otros comentarios son los siguientes: «Perplejidad aparte. Preocupante (y de ahí para arriba) que vivamos en una sociedad en la que alguien piense que esto es una oportunidad para alguien (@Amm_formacion)»; «Jajajajajajaja ¡Ésta sí que es buena! Se les ha ido el/la nini que tenían en casa ahí metido para que no le vieran las visitas y han decidido que si cabía un jeta, cabría un desesperado… pero cobrando (@madrecuervo)». Por su parte, Asamblea Majadahonda, cercana al 15-M, señala que «es posible que la cédula de habitabilidad del inmueble no cubra el garaje por lo que estarían aumentando la habitabilidad ilegalmente. Que es una vergüenza es seguro y viene derivado de una nefasta regulación publica de una necesidad vital como es el derecho a techo».

J. Federico Mtnez

J. FEDERICO MTNEZ. El derecho a la vivienda es un precepto constitucional que ninguna carta magna del mundo avanzado recoge, quizás porque ese «derecho» no es tal, como tampoco lo es el «derecho a la felicidad» o el «derecho a no estar solo». La confusión entre libertades individuales y colectivas, derechos constitucionales y derechos sociales, que los partidos y los políticos explotan aprovechando la ignorancia del común sobre estos elementos de la politología clásica, conducen a ejemplos como el que se muestra: un particular alquila una vivienda a precio libre y son numerosas las voces que reclaman al Estado (Ayuntamiento, Autonomía, Gobierno) que lo impida. No se piden viviendas a menos precio sino que se pervierta el libre mercado, una muestra más de la falsedad de ese derecho constitucional que no es tal. Como todo el mundo sabe en sus propias carnes, el derecho a la vivienda solo se alcanza con el esfuerzo personal remunerado con dinero y el Estado solo lo garantiza con alquileres sociales donde generalmente anida la corrupción, de ahí que de cuando en cuando salgan como beneficarios hijos o familiares de políticos y funcionarios de la administración.

Los derechos sociales de la democracia material no pueden ser objeto de obligación legal, como no lo es el supuesto «derecho a la autodeterminación» (véase ahora en Cataluña) o el «derecho al trabajo» en una España con más de 3 millones de parados, cifra que es la vergüenza del mundo civilizado salvo para nuestros representantes públicos. Y es que en los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestar. Los partidos políticos basan su propaganda demagógica en estas simplezas utópicas que ninguna otra constitución alberga, pues se sustentan en un engaño tan infantil como siniestro que el vulgo cree a pies juntillas. “Los españoles son iguales ante la ley”, dice la Carta Magna, cuando el Rey, los partidos políticos y la Magistratura demuestran a diario esta colosal ficción. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia», añade el artículo 35 de la Constitución, impávido ante las  estadísticas millonarias de paro y pobreza junto a la progresiva degradación de las clases medias que evidencian tan escandaloso embuste.

Por eso cuando el artículo 47 de la Constitución indica que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos» se percibe de nuevo el engaño. Familias hacinadas en una sola habitación, sin agua ni electricidad, dos millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas, y más de 400.000 desahuciadas prueban que no es la regulación de un derecho lo que está en juego sino la política efectiva y eficaz de vivienda en un Estado que, al igual que el supuesto «derecho al trabajo», ha abdicado de sus votantes. Nadie en el resto de Europa garantiza legalmente una vivienda y sin embargo muy pocos carecen de ella. En Alemania, Suecia o Francia no poseen las carencias que un país semihabitado y casi desértico e hiperrregulado como España posee. Esto debería hacernos pensar. El caso del sótano de Majadahonda convertido en vivienda es solo una metáfora de lo que nos está ocurriendo, algo que ya ni siquiera las abusivas cargas fiscales sobre empresas, pymes y particulares puede arreglar. Y cuando esto ocurre, solo un cambio político de colosales dimensiones puede volver a introducirnos en el camino del sentido común tras la ciénaga en la que colectivamente nos hemos metido.

 

Majadahonda Magazin