PP, Centristas y PSOE impiden revisar el urbanismo en Majadahonda

JORGE RUBIO. El pleno del Ayuntamiento de Majadahonda celebrado esta semana rechazó con los votos de PP y Centrista y la abstención del PSOE una moción de Somos Majadahonda e Izquierda Unida que planteaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para hacerlo «más transparente y participativo». «La especulación inmobiliaria no es el motor para ordenar las parcelas, son las personas«, destacó Patricio Mackey (Somos) en su presentación de la moción. Juancho Santana (IU) argumentó en esa misma dirección y defendió que «entre todos construyamos la ciudad pensando en los vecinos y sus intereses. Deberíamos ir hacia una revisión del plan que tiene que ser participativa. Muchos municipios lo llevan realizando durante muchos años». Una moción que contó con el apoyo de Ciudadanos, pues a pesar de alguna discrepancia con lo expuesto en el articulado de la iniciativa, se mostró a favor de la misma. Finalmente la moción fue rechazada con 12 votos en contra (Partido Popular y Centristas), 3 abstenciones (PSOE) y 10 votos a favor (Ciudadanos, Somos e IU).

El concejal de Urbanismo Ricardo Riquelme (Partido Popular) destacó que «no se puede transformar este proceso en algo asambleario» y alegó que la moción era «confusa». Además planteo multitud de dudas sobre elementos que a su juicio estaban «poco claros», como qué informes serían los que prevalecerían, qué vecinos serían los incluidos o si las asociaciones también participarían en los órganos y procesos de la Ordenación Urbanística. Patricio Mackey cerró el turno de intervenciones alegando que para que haya participación ciudadana «ésta debe contar con toda la información»: «por cómo se están tramitando las cosas, creemos que irá como una modificación puntual». Y concluyó señalando que «debe cambiar el modelo de ordenación urbana».

Mercedes Pedreira mostró su disconformidad con la moción ya que según su criterio lo presentado no era «una modificación puntual del plan, sino una auténtica revisión del Plan General de Ordenación Urbana». Además, tampoco se mostró de acuerdo con que la evaluación ambiental la aportasen los promotores y terminó asegurando que «los ciudadanos deben participar, pero no a través de modificaciones puntuales». Zacarías Martínez Maíllo (PSOE) acusó a Somos e IU de presentar una «moción trampa» y «contradictoria» en la que su grupo iba a quedar mal votase lo que votase, al tiempo que pidió «lealtad» a los Grupos Municipales. Centrado en la materia de la moción, señaló que el «impacto medioambiental tendrán que realizarlo los técnicos y no los promotores».

El guiño de Ciudadanos a Somos e IU, aunque haya perdido la votación, hace pensar que el Urbanismo de Majadahonda está entre sus prioridades y puede acometerlo de nuevo con la unión aritmética de la Oposición. El contenido de la moción decía textualmente:

1- Que previamente a su exposición al público, se abra un amplio proceso de información a todos los vecinos y vecinas sobre qué va a suponer y cómo va a afectar a todo el pueblo esta modificación del Plan, con especial incidencia en las viviendas que se pueden ver más afectadas por este desarrollo, y se articulen mecanismos para poder recoger todas las inquietudes o sugerencias vecinales.
2. Que se requiera a los promotores el inicio del procedimiento de Análisis Ambiental de la Modificación del Plan General propuesta y que aporten al Ayuntamiento el Estudio de Incidencia Ambiental correspondiente.
3. Que, como parte de este procedimiento, desde el Ayuntamiento se abran consultas a los vecinos y vecinas afectados y a los organismos y asociaciones interesados en la protección ambiental por la repercusión en la calidad ambiental y en los equipamientos públicos de esta modificación de nuestro territorio. Los resultados de dichas consultas deberán formar parte de la documentación que deberá someterse a información pública dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental del Planeamiento, tal y como marca la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid.
4. Que se establezca un plazo de información al público de la modificación del PGOU de como mínimo 2 meses.