El empresario Amadeo Salvo (Ibiza), ex presidente del Valencia, pide «regenerar» la 2ª B y le apoyan Rayo Majadahonda e Inter de Boadilla: Manifiesto de Clubes

J. FEDERICO MTNEZ. Un grupo de 11 clubes de Segunda División B, entre los que se encuentra el Rayo Majadahonda e Inter de Boadilla, ha denunciado «competencia desleal» a la hora de contratar jugadores. Todos ellos, a través de un comunicado conjunto, reivindican «un mayor control económico para la categoría». Las entidades que firman dicha petición son Ibiza, Badajoz, Numancia, Rayo Majadahonda, Cultural y Deportiva Leonesa, Internacional de Boadilla, Racing Club de Ferrol, San Fernando, Unionistas de Salamanca, Universidad Católica (UCAM) de Murcia y Zamora. Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, indica que hay «otros clubes que se han ido adhiriendo en las últimas horas» y que los que no lo hagan «irán saliendo en la foto poco a poco». «Simplemente decimos que hay que pagar impuestos», afirmó el máximo mandatario celeste, para quien «la competencia desleal existe en muchas fórmulas y una es la económica». En su opinión, el fútbol de Segunda B y de Tercera «debe empezar a cotizar», aunque sean sueldos de «400 o 500 euros». «Ya no es voluntariado, es una actividad remunerada aunque no sea a jornada completa», añadió. Salvo insistió en que a la AFE «le da exactamente igual el formato del contrato» y consideró que «deberían ser los primeros en denunciar. Están haciendo un flaco favor a sus afiliados, que son quienes dejan de cotizar parte de sus honorarios a Seguridad Social y a IRPF». Y solicitó a la Federación española que «acelere» su proyecto a tres años en el fútbol modesto para «habilitar cuentas y tener un control económico de los clubes. Y más el año que viene, que habrá una categoría de Primera División RFEF dentro del fútbol no profesional. Si no empezamos a organizarnos y a trabajar desde ya, difícilmente podremos competir».

En la nota, consideran que se encuentran en «una situación de desventaja competitiva debido a las malas prácticas económicas que llevan a cabo algunos equipos de la categoría«. En su «deber de luchar por un deporte justo y limpio», el grupo manifiesta su «absoluto rechazo al incumplimiento de las normas de rigor económico por las que todos los clubes de Segunda División B deberían regirse». Y añaden: «Dicha inobservancia por parte de algunos equipos provoca un agravio comparativo hacia aquellos que sí lo hacen, por lo que debería de estar castigado«. En un segundo punto, consideran que se trata de «un acto de competencia desleal las prácticas que determinados clubes desarrollan con la contratación de algunos futbolistas» con «acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial«. Y es que «los clubes que cumplen con el pago de todos los contratos de manera regular, así como las cantidades a percibir por el IRPF y la Seguridad Social, nos sentimos perjudicados y en desventaja a la hora de competir con aquellos equipos que no lo hacen. Las normas están marcadas para todos por igual y es el deber de todos cumplirlas». Por todo ello estiman que «la competición se vería adulterada desde su nacimiento por no partir todos los clubes participantes en las mismas condiciones«. Por último, afirman que esto «perjudica, además, la imagen de la Real Federación Española de Fútbol, que debería de velar por la igualdad entre todos los clubes y por el control económico para evitar problemas vividos en el pasado y cuidar por la salud del fútbol».

Por estos motivos, el grupo demandante solicita a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «una respuesta ante esta situación, queriendo saber, antes de que comience la competición, qué medidas va a llevar a cabo para tener un mayor control económico de los clubes de Segunda División B y las sanciones correspondientes» con el fin de que todos puedan «competir en las mismas condiciones». Esta carta también se la han remitido ala Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que, según los clubes citados anteriormente, «no puede amparar dicha situación con su falta de actuación. La AFE tiene que impedir que sus futbolistas perciban parte de sus salarios de manera irregular y no defender, como ha sucedido, los contratos que perciben sus jugadores ante la Comisión Mixta, ya que no se está cumpliendo con la legislación y los propios jugadores se podrían ver perjudicados por ello«, concluye el escrito.