El periodista Mateo Balín de la agencia Colpisa, vinculada a Prensa Española, editora del diario ABC, ha desvelado que «hablando en euros, Correa declaró en sede judicial que en Majadahonda llegó a embolsarse más de 27 millones en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que le pagaron la correspondiente comisión. La batalla final se libró a mediados del 2004, cuando el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (que se enfrenta a hasta 50 años de cárcel en el juicio de Gürtel por haberse llevado más de dos millones de euros con las actividades de Correa), decidió sacar a concurso por 48 millones la parcela RN-1 y por otros 35 la parcela D. Como el precio de la venta era superior al permitido para una corporación local, el Ayuntamiento de Majadahonda pidió permiso a la Comunidad de Madrid. Ahí entró en escena Ignacio González para aprobar las condiciones, y autorizó la venta. A partir de ahí, el alcalde de Majadahonda tiró por su lado, quería amañar la venta para que se la llevara Martinsa. Y González autorizó, sabiéndolo, aquella operación».
Mateo Balín recordaba que cuando «Ignacio González pasó el domingo su segunda noche en la cárcel de Soto del Real la sombra de la corrupción planeaba sobre él y era algo sabido. A pocos sorprendió la noticia de que quien fue el número dos de Esperanza Aguirre no tenía un pasado tan inmaculado como aquel por el que la propia Aguirre se atrevió a apostar: «Pondría la mano en el fuego por él». Pero González matizó: «Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí». Sus trayectorias políticas han ido siempre de su mano desde que ella lo eligió como vicepresidente en noviembre del 2003. Solo siete meses después, González autorizó un pelotazo urbanístico. Se cree que el primero. Dio el visto bueno con su rúbrica a la venta de unas parcelas de Majadahonda. Una operación que se considera la génesis del caso Gürtel, según Correa, y daba pie al comienzo de la expansión de la trama Púnica, de Francisco Granados. El relato de los hechos, en boca de Esperanza Aguirre, es que ella había destapado, «sin saberlo», puntualiza siempre, la trama corrupta liderada por Correa. En realidad, lo que había detrás era una guerra sin cuartel en el PP madrileño para gestionar la venta de suelo público en Majadahonda, que en pocos años había pasado de ser tierra de pastos a una de las zonas más demandadas para vivir en las afueras de la capital».
Por otra parte, OK Diario, el periódico que dirige Eduardo Inda, ha revelado que «la Guardia Civil rastrea las comisiones de Molpeceres al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega» en una información que asegura que «la Guardia Civil ha registrado las sedes de Indra, Saerco y Licuas como parte de la ‘operación Lezo’ coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Precisamente esta última empresa pertenece al empresario Joaquín Molpeceres, al que se investiga como presunto testaferro de Ignacio González.
El nombre de Joaquín Molpeceres Sánchez, de 85 años, ya ha aparecido en varias causas por corrupción, desde el caso Bárcenas hasta la trama Gürtel. Los papeles de Bárcenas incluyen una aportación irregular al PP de 60.000 euros de un donante que aparece identificado como “Volpeceres”. El juez Pablo Ruz tiene la convicción de que se trata del mismo empresario. Dos de las empresas de Joaquín Molpeceres, Licuas y Coarsa, realizaron entre 2002 y 2005 pagos que suman 225.000 euros al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. También en la instrucción del caso Gürtel, el juez Ruz pidió documentación a varias entidades financieras para acreditar el aval de 1,6 millones de euros que Molpeceres había facilitado en febrero de 2008 al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, para comprarse una vivienda».
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