J. FEDERICO MTNEZ. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda y concejal de Urbanismo, Ricardo Riquelme, ha sido imputado (ahora se dice «investigado» tras la última reforma judicial) cuando era director general de la Comunidad de Madrid por tramitar un expediente que terminó en una indemnización de 314.000 € a una empresa por un proyecto fallido en el Parque Nacional de Guadarrama. El caso lo recogen numerosos medios de comunicación pero Ricardo Riquelme asegura que es inocente: «Es una denuncia exclusivamente política que sale precisamente ahora, en época preelectoral, de una persona de Ecologistas en Acción, que trabaja como asesora de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. El procedimiento administrativo fue correcto, y se publicó con transparencia y pública concurrencia. Mi participación se limitó a exigir a los funcionarios que se respetara la publicidad, transparencia y concurrencia. Jamás entré en el contenido de los pliegos, que tuvieron el visto bueno de los funcionarios y los responsables jurídicos de la Comunidad de Madrid y todos los informes técnicos y ambientales favorables. Se trata de un asunto exclusivamente administrativo en el que todos los técnicos y funcionarios han coincidido en que lo único que se produce son dos errores de medida topográficos que, para nada, condicionaron la concesión que contó con el visto bueno de los más de 50 miembros del Patronato del Parque Nacional (Ayuntamientos, Universidades, científicos, CCAA, biólogos.. etc) con la única excepción de la mencionada asesora de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Ya hemos pedido el sobreseimiento y el archivo de la causa». Este es el impacto que ha tenido la noticia en los diferentes periódicos, agencias y radios:

EL DIARIO.ES (Raúl Rejón): «Los hechos investigados responden a un presunto delito de prevaricación administrativa, esto es, la toma de una resolución arbitraria por parte de un funcionario o autoridad «a sabiendas de su injusticia». Conlleva pena de inhabilitación para cargo público de, entre, 9 y 15 años, pero no implica cárcel. El Consejo General del Poder Judicial ha incluido este delito entre los considerados como «relacionados con la corrupción». El caso investigado se remonta a 2014, cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso la concesión de un terreno de 8.500 m2 y dos edificaciones de 200 metros bajo el paraguas de un «centro de información». La única aspirante, la empresa Ednya, presentó un «plan de negocio» que incluía campamentos infantiles y talleres para «directivos y profesionales», señala el periodista que dio la exclusiva de la noticia.

«La Dirección General de Medio Ambiente emitió el 11 de diciembre de 2014 un informe que aseguraba que «el proyecto no tiene una significación sobre los espacios en los que se ubica siempre que se incorporen una serie de condiciones añadidas». El director del parque había firmado dos días antes que «la obra y la actividad» del negocio no implicaban «afecciones significativas». El escrito llevaba el visto bueno del subdirector de Espacios Protegidos, Ismael Hernández. Este informe libraba al proyecto de someterse al trámite de evaluación ambiental. Sin embargo, el proceso omitió el análisis sobre la «compatibilidad de la actividad con los valores naturales» que se protegen. Es obligatorio según la normativa y los servicios jurídicos del Gobierno regional advirtieron, cuando el centro ya operaba, que se trata de una «irregularidad relevante». La concesionaria adjuntó además en su plan un negocio de hostelería. Tras obtener el visto bueno administrativo y ganar el concurso, los problemas que esta «cantina» supusieron para obtener la licencia municipal hizo que, desde la Consejería de Medio Ambiente, se buscaran alternativas: «Un servicio de comidas para las personas que realicen las actividades educativas, formativas y que por su duración exijan realizar la manutención en la instalación», añade El Diario.

Bajo el epígrafe de «Indemnización de 300.000 euros públicos» continua: «Ednya puso en marcha su actividad en el parque nacional a finales de 2015. Sin embargo, más de un año después, la Comunidad de Madrid se vio obligada a anular la concesión e indemnizar a la empresa. Los servicios jurídicos hallaron una batería de irregularidades en el expediente: se omitieron trámites de evaluación ambiental y se ocultaron los verdaderos datos de las instalaciones públicas incluidas en el concurso ya que las dos casonas levantadas en la parcela eran de 200 m2 en lugar de los 48 que aparecieron en los pliegos, dijeron los letrados. Se prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», zanjaron. Las arcas públicas tuvieron que indemnizar a la empresa con más de 300.000 euros».

Y concluye: «Mari Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, alertó desde un principio de la irregularidad del proceso y advirtió de que se estaba dando «unas condiciones muy ventajosas a una empresa para que logre unas instalaciones en un lugar exclusivo de la sierra y se han justificado unas actividades para favorecer a esa empresa». Entre las condiciones estaba un canon de ocupación de 2.000 euros anuales (a pagar en especie). La sociedad siempre contrapuso que se trataba de un proyecto de «educación y de promoción» y que la sola rehabilitación de las instalaciones le había costado 300.000 euros. Sin embargo, cuando se sustanció la anulación de su contrato, Ednya solo pudo justificar gastos de 196.000 euros. También solicitó que se le pagasen 550.000 por los beneficios que no obtendría (el lucro cesante). La Comunidad de Madrid ha asumido la defensa legal de sus trabajadores ya que considera que «no ha existido ninguna conducta punible por su parte» en lo que define como «procedimiento administrativo por el que se adjudicaron unas casas forestales en La Pedriza». El ex director general y actual teniente de alcalde majariego, Ricardo Riquelme, no ha contestado a las peticiones de opinión de elediario.es».

AGENCIA EFE. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos del Gobierno regional en el año 2014 por presuntas irregularidades en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama. En concreto, han sido llamados a declarar el ex director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, el responsable de Espacios Protegidos, Ismael Hernández y el codirector del parque, Pablo Sanjuanbenito tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente. Hernández y Sanjuanbenito siguen formando parte de la Comunidad de Madrid mientras que Riquelme es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda.

El caso se remonta a junio de 2014 cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso la concesión de un terreno de 8.500 metros cuadrados a cambio de un canon de 2.000 euros anuales. Posteriormente en agosto de ese mismo año se concedió el uso del espacio a la única empresa que se presentó a la licitación. Fuentes de Ecologistas en Acción han explicado a Efe que en noviembre de 2016, tras inaugurarse el espacio por parte de la empresa, pusieron las irregularidades en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, la empresa encargada del servicio se marchó en otoño de 2017 y el Gobierno regional les tuvo que indemnizar con la cantidad de 314.000 euros. La entidad ecologista está estudiando personarse en este procedimiento judicial aunque por el momento acude al juicio como testigo. Asimismo, consideran que la denuncia de la Fiscalía pone de manifiesto que la adjudicación «no era legal» y la propia Comunidad de Madrid reconoció «errores graves en el procedimiento. El procedimiento no fue el adecuado y se estableció unos usos que no son autorizables en un espacio protegido» apuntan, al tiempo que explican que la zona se encuentra en el municipio de Manzanares El Real en el monte de El Risco.

«Ecologistas» detallan que estas dos edificaciones se construyeron en los años 50 para dar cobijo a los trabajadores y la maquinaria del monte y en los año 80 permaneció cerrado. En este sentido, denuncian que el 12 de diciembre del 2018 se volvió a sacar a licitación con otro pliego de condiciones y desconocen si se va a adjuntar. «Espero que recapaciten y que no sigan adelante», señalan desde la organización ecologista. Fuentes del Gobierno regional han reconocido a Efe que el actual subdirector general de Espacios Protegidos y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama «están siendo investigados» en relación a un «procedimiento administrativo por el que se adjudicaron unas casas forestales en La Pedriza». Asimismo, aseguran que la Comunidad de Madrid ha asumido la «defensa procesal» de estos funcionarios a través de sus servicios jurídicos al considerar que «no ha existido ninguna conducta punible por su parte». Fuentes políticas también han señalado que la persona que denunció el caso es una asesora de Podemos que pertenece a una entidad ecologista y que es una mero asunto administrativo.

EUROPA PRESS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en 2014 por presunta prevaricación en la concesión de una parcela con casas forestales en La Pedriza, en el interior del Parque Nacional de Guadarrama. Se trata del ex director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, el codirector del parque, Pablo Sanjuanbenito, y el responsable de Espacios Protegidos Ismael Hernández. El Juzgado les ha citado como investigados tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente al apreciar irregularidades en este proceso, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso. Por su parte, Ecologistas en Acción ha sido citada como testigo por este juzgado y estudia la opción de personarse en el proceso, han explicado desde la entidad. Actualmente, Riquelme es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda. Desde Ecologistas en Acción han explicado a Europa Press que el proceso surge respecto a la concesión de 2014 de una parcela de 8.500 metros cuadrados con una serie de edificaciones de piedra y granito, en concreto unas naves alargadas de unos 200 metros cuadrados de longitud, ubicadas en el término municipal de Manzanares El Real. En 2014, la Consejería de Medio Ambiente decidió convocar un concurso público para darle uso a estas instalaciones a partir de una concesión con un canon de 2.000 euros anuales tras presentarse al proceso una sola empresa, según adelantó ‘eldiario.es’.

Desde el colectivo ecologistas apuntan a que estas casas forestales se sitúan en un monte de utilidad pública y se encuentran en régimen especial por estar adscritos al servicio público. Por tanto, para cualquier tipo de actividad privada debe estar acorde con la normativa y ser autorizada por la administración regional y autonómica. Estas edificaciones fueron construidas en los años 50 y servían como alojamiento de personal encargado del mantenimiento del monte y almacén de la maquinaria. Posteriormente paso a formar parte del INEM para hacer cursos sobre cuidado del monte y en 1992 quedó en desuso. En 2014 la Consejería decidió sacar a concurso la utilización de estas naves para albergar un centro de información sobre el Parque Nacional de Guadarrama, junto a un establecimiento de bar-cafetería, venta de merchandising y actividades múltiples con arrendamientos a privados.

CADENA SER (David Guerrero). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en 2014 por presunta prevaricación en la concesión de una parcela con casas forestales en el término municipal de Manzanares El Real. Se trata del exdirector general de Medio Ambiente y actual concejal de Majadahonda, Ricardo Riquelme; el codirector del Parque Nacional, Pablo Sanjuanbenito y el responsable de Espacios Protegidos, Ismael Hernández. En el año 2014, la Consejería de Medio Ambiente convocó un concurso público para la concesión de una parcela con edificaciones de piedra y granito en el término municipal de Manzanares El Real. El objetivo era dar uso a unas instalaciones que habían servido como alojamiento de personal encargado del monte, para almacén de maquinaria o para hacer cursos de cuidados forestales, hasta que en el año 1992 dejo de utilizarse. Al concurso público con un canon de 2.000 euros anuales se presentó una sola empresa para desarrollar un centro de información sobre el Parque Nacional de Guadarrama, un local de restauración y otras actividades que conllevaban también arrendamientos privados bajo el nombre de La Majada de La Pedriza. Ecologistas en Acción advirtió que los usos del expediente y los pliegos de condiciones no eran acordes con la Ley de Parques Nacionales, tras su revisión la Comunidad de Madrid ordenó la anulación de la concesión por “defectos formales”. La empresa adjudicataria recibió más de 300.000 euros – un tercio del presupuesto del Parque Nacional- en forma de indemnización por las inversiones realizadas en los edificios. Ecologistas en Acción pidió las instalaciones se usaran para la investigación y la conservación del Parque Nacional y no inicio procedimiento judicial contra los responsables regionales. A pesar de ello, ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente quién ha elevado denuncia.