FERNANDO MORILLO GARCÍA (UGT). Escribo en relación a la noticia publicada en su medio digital, con el título “Europa aprueba una ley para proteger a los denunciantes de corrupción como Peñas (Majadahonda), Macías (UGT) y Ana Garrido (Boadilla)». En dicho artículo, del periodista Manu Ramos, se atribuye al ex trabajador de UGT-A la condición de “denunciante de corrupción”. Este jueves 29 de noviembre (2019) se celebró la primera vista del juicio en el juzgado de lo penal número 15 de Sevilla, pero se suspendió por la renuncia del abogado de la defensa. Como presuponemos que su publicación pretende cumplir con la ética y deontología profesional del periodismo, les ofrecemos nuestra versión de lo ocurrido en el juicio, y sobre la calificación de “denunciante de corrupción de Roberto Macías”, para que puedan contrastar las informaciones de todas las partes. Les adjuntamos tres enlaces: uno con nuestro comunicado, y otros dos de la publicación que hacen el grupo Joly y la Agencia EFE de lo ocurrido (publicado en Teleprensa), para que no solo tengan nuestra versión. Quedamos a su disposición por si podemos aclararle alguna duda. Un saludo.

LA VERSIÓN DEL DENUNCIANTE: El juicio contra Roberto Macías, un ex trabajador de UGT-Andalucía que denunció presuntas prácticas corruptas en el sindicato, se aplazó este jueves por una cuestión procesal pero en una breve comparecencia ante la juez el debate se centró en si le ampara o no la directiva aprobada hace dos días por la Unión Europea para proteger a los whistleblowers o alertadores de corrupción. El abogado de Macías, Francisco José Sánchez Ramón, afirmó que esa directiva europea “es de aplicación directa”, así como la Ley de Transparencia andaluza, según la cual los datos de UGT están sujetos a publicidad, y sobre todo cuando se trata de bienes públicos. La actual secretaria general, Carmen Castilla, acudió al juzgado para declarar como testigo pero el juicio se aplazó al 6 de febrero de 2020 porque el anterior abogado de Macías renunció por diferencias en la línea de defensa. El nuevo letrado, que es también presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), expuso a la juez que hace unos días sufrió en su despacho el robo de documentación referente a este y otros casos de corrupción.