FEDERICO MTNEZ. Los «ruegos y preguntas» son este jueves 28 de abril (2022) noticia antes de que puedan llevarse a cabo gracias a la prohibición dictada por el alcalde del Ayuntamiento de Majadahonda. Y esta evidente arbitrariedad suscita dudas en el orden jurídico, además de demostrarse ineficaz, ya que varios de los vecinos afectados denunciaron esta tropelía e hicieron públicas posteriormente las preguntas censuradas. Pero en el orden legal, y habiendo varios concejales de la oposición que son abogados y que forman parte del pleno, la incertidumbre persiste, pues tanto Cs como PSOE aún no han manifestado su posición sobre este aparentemente escandaloso asunto dentro del salón de plenos para que conste en acta. Los únicos que sí lo han hecho entre los vecinos afectados han sido dos de ellos, que aludieron a una posible ilegalidad en la decisión del primer edil, por lo que han pedido amparo a la secretaria del Ayuntamiento, Celia Alcalá, que es la máxima responsable jurídica del pleno. Concretamente el vecino Alfredo Sanfeliz (Fronda) recordó en una entrevista que los «ruegos y preguntas» vecinales son un derecho que recoge «el Texto Refundido del Reglamento que regula el Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Órganos Municipales se refiere a la Participación Ciudadana y en su artículo 79«. Y Carlos Bonet (Vecinos por Majadahonda) indicó que su comentario sobre que los miembros de un partido político no tenían derecho a preguntar «supone un atentado flagrante al artículo de la Constitución Española que afirma que los españoles somos iguales ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Bonet indicó que el alcalde, como cargo público, se había saltado ese Artículo 14 del Título I que regula «los derechos y deberes fundamentales» y en su Capítulo segundo los «Derechos y libertades«. Y concluyó: «Él sabrá lo que hace y sus víctimas también». De hecho, una de las afectadas, la vecina Maite Fernández Burón, que también pertenece a «Vecinos por Majadahonda», presentó este miércoles un escrito por Registro al Ayuntamiento en el que se dirigía a la Secretaria Municipal, Celia Alcalá, pidiendo amparo legal ante lo sucedido en el anterior pleno. Por orden del alcalde, los responsables del registro trataron de impedir su presentación alegando que debía hacerse «de forma telemática» al tratarse «de un partido político». La vecina tuvo que tachar el nombre de «Vecinos por Majadahonda» para poder presentarlo, cosa que finalmente pudo hacer. La mayor duda ahora es si finalmente el escrito llegó a su destinataria, ya que la solicitante pedía que fuera leído en el pleno y su resolución y decisión final hecha pública en el mismo por la secretaria municipal.