AGENCIA EFE. La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Madrid que investigue el caso de una mujer presuntamente fallecida por el coronavirus en una residencia de Torrelodones en los cuales denuncia «omisión del deber de socorro», «falsedad» en el certificado de defunción o que no haya certificado, pérdida del cadáver «durante 18 días» y no poder identificar el cuerpo antes de la incineración. El escrito del caso de la residencia de Torrelodones dirigido a la Fiscalía por esta asociación, al que ha tenido acceso Efe, recoge el testimonio de la hija de la víctima, Carmen Piñero, quien lamenta que su madre, fallecida el 14 de abril con 94 años de edad, murió «en el más absoluto abandono».»Me han prohibido llevar a mi madre a un hospital porque no podía ir, y la residencia me dijo que ellos tampoco podían derivarla porque tenían orden del hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, de que mi madre no entraba en el protocolo para ser atendida y que no iba a ser atendida por su edad y por su grado de dependencia. Se suponía que todos tenemos derecho a ser atendidos en un hospital y les dejaron morir», se queja amargamente», asegura. Al escrito se adjunta el certificado de defunción de la anciana, Carmen Moya, sellado por el Registro Civil de Torrelodones, y donde en el apartado correspondiente a la causa de la muerte sólo aparece una raya.

La asociación El Defensor del Paciente, que ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, asegura conocer más casos de personas fallecidas en centros sociosanitarios durante la pandemia y en cuyos certificados de defunción no aparece la causa de la muerte. El miércoles 3 de junio (2020), la Fiscalía General del Estado informó de un total de 82 diligencias de investigación penal abiertas a centros de la región madrileña. Desde el 8 de marzo hasta el pasado 6 de junio, 5.986 personas murieron por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid, un cómputo en el que se incluye a los casos probados con pruebas PCR y a quienes presentaban sintomatología compatible con la COVID-19. La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha pedido a la Fiscal que depure las responsabilidades a que haya lugar, «sin olvidarse en ningún momento de aquellos que ordenaron y posibilitaron estas situaciones vergonzosas, entre ellas la Comunidad de Madrid y aquellos que obedecieron a pesar de saber la presunta ilegalidad que estaban cometiendo con la presunta omisión del deber de socorro y la falsedad en este y otros certificados de defunción, donde figura que la muerte se produjo con una raya».

La asociación aporta como prueba el certificado de defunción de la residente, que murió el 14 de abril (2020) en la Residencia Los Peñascales, y el testimonio de su hija Carmen, en el que asegura que «todo ha sido y sigue siendo un auténtico desastre, y lo triste y penoso que todo esto se podría haber evitado o por lo menos gestionarlo de manera mucho más humana, ya que desde antes del 10 de febrero el Gobierno y la Sanidad eran conscientes de lo que venía y sabían como se tenía que actuar«. La denunciante ha relatado que le prohibieron despedirse de su madre y velarla, y que no la pudieron incinerar hasta el 27 de abril. Además, Carmen critica que en el certificado de defunción en la causa del fallecimiento no aparece nada, solo una raya. «Ya se que no soy la única que por desgracia miles de familias han pasado por todo esto y me uno a ellos en su dolor y desesperanza, lo que pido es que esto no vuelva ha pasar y quien tenga la culpa de hacer todo esto un desastre que asuma sus errores», considera.

«Sabían que los mayores y sobre todo las personas que estaban en residencias tenían un altísimo riesgo y vulnerabilidad en esta pandemia, como así ha sido por desgracia, y sabiéndolo no actuaron y los han dejado morir de la peor manera. Yo no tenía los medios ni lo sabía, pero este Gobierno sí tenía los medios para intentar evitar este desastre y para mí no han hecho nada, es más, han dejado morir a una generación de la peor manera, que querían sus pensiones… Creo que no se lo merecían ni ellos ni nadie. No voy a volver a tener a mi madre por desgracia, pero me siento en el deber de hacer lo que pueda para que no vuelva a suceder este desastre de fallecidos, que no son números, que son personas», esgrime la denunciante. La madre de la anciana fallecida recuerda que toda persona tiene derecho a ser atendida y que en España «no existe la eutanasia», pues esto ha sido peor porque con la eutanasia mueren dignamente, por lo menos atendidos y no solos, en este caso han muerto solos, sin medios, sin nada en el mas absoluto abandono y nosotros los familiares sin poder hacer nada porque tampoco podíamos ni nos dejaban».

VOX CULPA AL CONSEJERO DE CS EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y LO DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha enviado este martes 9 de junio (2020) un escrito al Defensor del Pueblo en el que solicita su intervención respecto a la gestión en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus. En él pide su colaboración “para esclarecer lo que ha ocurrido y está ocurriendo en todas las modalidades de residencias para mayores de la Comunidad, depurar las responsabilidades correspondientes a la gestión desarrollada y realizar un informe público con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas”, informa el diario «El País». “Todo ello para que, a pesar de la gravedad de la crisis, se responda institucionalmente con solidaridad, justicia social y respeto a los derechos humanos de las personas mayores, y se pueda sacar experiencia y llegar a tiempo en el caso de un rebrote del virus en el próximo otoño”, ha explicado Monasterio en el escrito enviado al defensor del pueblo, el ex diputado socialista Francisco Fernández Marugán.

«Los 6.000 muertos vinculados al coronavirus en las residencias de la región han provocado un múltiple enfrentamiento político en torno al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vox reclama la destitución de Alberto Reyero (Ciudadanos), el consejero de Políticas Sociales, mientras que el PSOE, por su parte, coincide con Más Madrid y Unidas Podemos-IU Madrid en Pie en pedir el cese de Enrique Ruiz Escudero, el titular de Sanidad, del PP. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a mostrar este martes su respaldo al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y ha asegurado que tampoco ha recibido presiones para su destitución. “Tiene todo mi respaldo, igual que el resto de compañeros del Consejo de Gobierno porque están trabajando bien, porque les veo, porque estoy codo con codo con ellos y sé lo que están haciendo”, ha manifestado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.