«Willy» Ortega saldrá de la cárcel para declarar junto al «Albondiguilla» por el «caso Púnica» y la corrupción del PP en Majadahonda

MANU RAMOS. «El juez alarga dos meses el caso Púnica tras el virus y fija el fin el 27 de agosto. Da un plazo ‘extra’ de 82 días -los mismos que han estado suspendidos los plazos procesales- y ordena impulsar la investigación en Valdemoro. El parón judicial dejó en el aire las declaraciones del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (alias «Willy«), su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como «el Albondiguilla») e Isabel Jordán, esta última ex empleada de una de las empresas de Francisco Correa, quienes en un principio fueron llamados a declarar los pasados 14 y 15 de abril». Así describe la periodista Gema Huesca de «La Información» la última novedad judicial sobre la conocida trama de corrupción del PP: «Prueba de que el magistrado pisa el acelerador para tener la causa instruida en dos meses, es que libra oficio a expertos del Ministerio de Fomento y de Hacienda para que informen de las pericias acordadas en esta causa «a la mayor brevedad posible». Además, tiene pendiente volver a citar en sede judicial a testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza que investiga la presunta caja B de esta formación».

LAS ONCE PIEZAS DE LA ‘OPERACIÓN PÚNICA’, LISTAS PARA EL 27 DE AGOSTO. La causa estalla en octubre de 2014 con la detención de medio centenar de personas, entre ellos Francisco Granados. «Macrorredada por pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras. Varios centenares de imputados distribuidos en 11 piezas» fueron los titulares con los que se informaba del último escándalo que azotó al PP junto con el «caso Gurtel» y que aun no está juzgado. Cuatro piezas afectan a Majadahonda (casos Cofely, De Pedro, Waiter Music y Alfedel). Ahora el magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reactivado el procedimiento en el que se investiga una presunta caja b en el PP madrileño y ha fijado el próximo 27 de agosto como fecha final de la instrucción. Se trata de una decisión que adopta el juez un día después de que se reanuden los plazos procesales, paralizados tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. De este modo, da impulso a una de las principales causas de corrupción y determina que prorrogará los plazos 82 días más, que son los mismos que ha estado paralizada la causa por la crisis sanitaria.