Xavier O’Callaghan Muñoz, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil
MIGUEL SANCHIZ. «Gente Maja que se Moja. Un rincón diferente» es la nueva sección de entrevistas que inauguro este sábado 2 de abril (2022) en Majadahonda Magazin (MJD). Y comienzo con Xavier O’Callaghan Muñoz, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil. Independiente hasta la médula, declaró que el juzgado central de la Audiencia Nacional (AN) le recordaba al antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) al conocer que el fiscal pedía prisión incondicional para los independentistas catalanes porque es «impropio de un país civilizado encarcelar a los oponentes políticos«. Antes había sido juez en San Sebastián, en los años del terrorismo etarra y apoyó la decisión de prohibir la inscripción de Sortu (ahora parte de Bildu) en el registro de partidos políticos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también le dio la razón cuando votó contra la sentencia del Supremo que favorecía el límite temporal de los bancos en las «cláusulas suelo» de los contratos hipotecarios abusivos.
Miguel Sanchiz inaugura sección de entrevistas
¿Qué opina sobre el tema de Ucrania, su guerra y el sufrimiento de su población? –Es una auténtica vergüenza y una barbaridad que se produzca en nuestros días. Parece una historia medieval. Un país poderoso invade y pretende someter a su vecino menos potente. Así se dieron guerras en el medioevo. No solo esto, sino que recuerda nacimiento de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, se ocupó un país en que había una minoría de nacionales propios del invasor (los sudetes) y tras ello, se invadió a sangre y fuego un país menos poderoso (Polonia). Ahora, se ocupa un territorio (Crimea) y más tarde, con la excusa de que hay nacionales del país más poderoso, se ha invadido el este de Ucrania. Y sigue la política de ocupar por la fuerza el resto del país. Lo cual, recuerda el horripilante comienzo de una guerra que ensangrentó al mundo, todo por el ansia dominadora de un país que parece pretender convertirse en un imperio como el que tuvo años ha.
¿Qué opina sobre la situación actual del Consejo General del Poder Judicial y la permanencia de sus vocales transcurrido el plazo que narra la Constitución (cinco años)? –Es una vergüenza que todavía se mantenga. La Constitución (artículo 122. 3) señala el plazo de cinco años, transcurrido el cual se deben renovar los cargos de presidente y vocales. El nombramiento se debe hacer por el Congreso y el Senado, por tres quintos de sus miembros. En el caso presente, el Consejo fue constituido -el presidente y sus vocales- por unas mayorías que un partido tenía en el Congreso y el Senado, con un cariz muy claramente proclive al partido dominante (el presidente había sido director general en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre). Transcurren cinco años. Se debe renovar el Consejo, pero hete aquí que, tras las elecciones, el partido dominante es el contrario a aquél que había nombrado a sus miembros años ha. Y el partido, este último (el actual partido contrario al dominante) bloquea la renovación en el sentido de no permite alcanzar los dos tercios necesarios para ello. Así, continúa aquel Consejo controlado por dicho partido (podemos decir, el dominado) hasta tal punto que debe dictarse una norma que impide que dicho Consejo siga nombrando (a su gusto y a su ideología) cargos prominentes de la judicatura.
¿Qué opina sobre la situación del Sahara, sus ciudadanos y la política sobre ello? –Fue una injusticia vergonzosa y se están pagando sus consecuencias. Lo que era territorio español (se llegó a considerar una provincia) fue abandonado y ocupado por Marruecos. Las resoluciones de la ONU no han llegado a buen término. En tiempos (hace aproximadamente diez años) la Sala Primera, de lo civil, del Tribunal Supremo, tuvo que resolver una demanda en que varios ciudadanos de la antigua (y española) Sahara, reclamaban que se les reconociera la nacionalidad española. Sin entrar aquí (sería muy largo y prolijo) en el tema jurídico, se les reconoció dicha nacionalidad española.
Ahora, en este momento, ha pasado a ser un tema político puro. La realidad (y la vergüenza) es que hay una serie de ciudadanos que fueron españoles y que están viviendo (malviviendo) en campamentos (ghettos). Políticamente, son moneda de cambio para otras cuestiones, pero poco pueden hacer para solventar una oposición que tuvo un mal origen. El que una persona (líder o dirigente, qué más da) por una enfermedad grave sea atendida en un hospital español, es una cuestión de simple humanidad, es muy loable como tal, sin que sean admisibles cuestiones políticas que enturbian un tema humano.
