Dos jugadores de la cantera del At. Madrid, estudiantes de Ingeniería y Derecho, 3 discapacitados, 25 niños y 20 familias serán desahuciados de sus casas en Majadahonda el próximo 24 de abril tras la decisión del juzgado por haberlas ocupado cuando estaban vacías, según informó un portavoz de este colectivo durante el pleno del Ayuntamiento celebrado este martes. El citado portavoz, venezolano de origen con madre española y padre italiano, intervino en el pleno durante el turno de ruegos y preguntas de los vecinos para describir una situación desgarradora en la que casi 200 personas van a ser desalojadas de sus hogares. Se confesaron seguidores de la selección española de fútbol, recordaron que un pariente de Mariano Rajoy emigró a Venezuela e imploraron que no les echaran de sus casas “ya que por primera vez tenemos una vivienda digna y un pedacito de hogar”. Los pisos, que carecen de luz y agua corriente, han sido dignificados por este grupo de personas, la mayoría emigrantes, que admitieron estar en una situación de “emergencia social” desde hace varios años por motivo “de la crisis económica que ha golpeado a España”. Ellos mismos “depuraron a las personas que llevaban mala vida” dentro del edificio para no causar trastornos a sus vecinos y en efecto su conducta desde 2007, año en el que entraron en las viviendas, ha sido ejemplar, según atestiguan varias personas que los han visitado. Sin embargo, la decisión del juzgado parece ser inexorable tras varios intentos anteriores que no se cumplieron.

Otro representante de estos vecinos, que están empadronados en Majadahonda, señaló que el Ayuntamiento también les está persiguiendo jurídicamente y aseguró tener documentos judiciales que lo prueban tanto como otros que demuestran haber ganado los juicios por desahucio “pero siempre se vuelven a reabrir”, algo que negó el alcalde, Narciso de Foxá. En este sentido, de manera extremadamente educada le recordaron su compromiso de no dejar en la calle a ninguna familia de Majadahonda en riesgo de exclusión social, promesa que Foxá admitió aunque dejó claro que “no tengo viviendas para todo el mundo ni puedo ponerles delante ni detrás de otros afectados. Lo que sí puedo hacer es buscar una solución provisional caso por caso, independientemente de que los desalojen o no. El Ayuntamiento tiene que velar por los más débiles y en este caso son los niños. Tengo una sensibilidad social y este asunto es un tema muy doloroso”.

La “solución provisional” para niños, ancianos y discapacitados si el 24 de abril se ejecuta la orden de desalojo por parte de la policía judicial pasa por un realojo transitorio en hostales, pisos de acogida u ONGs, pero el citado portavoz desconfía de la eficacia pública municipal para la coordinación de esta “operación salvamento” ya que los servicios sociales del Ayuntamiento, que dirige la concejala María José Montón,  les han negado ya su condición de emergencia social: “a una mujer embarazada que pidió ayuda la funcionaria le respondió: “¿por qué te embarazaste?”. La respuesta soliviantó al alcalde, al que le pareció “una barbaridad” y “un error muy gordo” de la citada funcionaria que, si logra ser acreditado, tendrá que asumir responsabilidades. El afectado también señaló que en otro caso los responsables de los servicios sociales municipales respondieron a un solicitante de ayuda: “¡Vete a la Cruz Roja!”.