ANTONIO HERNÁNDEZ RODICIO. El ya célebre auto de la juez de Marbella, María Belén Ureña, a cuenta de la retirada de la custodia a una mujer que se llevó a su hijo a vivir a Torea, una parroquia de Muros (La Coruña), un pueblo de algo más de 8.000 habitantes, a 45 minutos de Santiago, abre un abismo sobre la consideración de la justicia respecto a lo que considera la «Galicia profunda» y por extensión, los entornos rurales. Lo curioso es que en el mismo auto hay consideraciones más contundentes que explican la decisión sin tener que meterse en ese jardín. Por ejemplo, que la madre se llevó al niño sin la autorización del padre, lo que avalaría el sentido del auto respecto al interés superior del menor, aparte de otras lindezas vía wassap que ya son del dominio público. Pero el asunto no es si procede o no la retirada de la custodia. El tema es que si la verdad judicial tuviera en cuenta para decisiones de ese tipo la diferencia de oportunidades para un niño entre los entornos rurales y los urbanos estaría anteponiendo esa circunstancia a una consideración superior: el derecho de un hijo a estar con su madre y viceversa. O sea, justificaría la retirada de la custodia para que el hijo goce de mejores oportunidades en un entorno más desarrollado. Muy dickensiano todo.
