Redacción

JULIA BACHILLER. El pleno del Ayuntamiento de Majadahonda aprobó este jueves 24 de junio (2021) el pago de 796.000 euros por derrotas judiciales fruto de errores en la gestión municipal. El mencionado punto decía así: «Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos 038-21-ES-03 para incrementar los créditos de la Concejalía de Urbanismo como consecuencia de sentencias judiciales”. En su exposición, el concejal Ángel Alonso (PP) explicó que el dinero era ”para atender dos causas judiciales en el área de urbanismo: 484.000 €  de un programa de infraestructuras básicas y 311.000 € de un programa de edificios de uso múltiple, lo que suma 796.000 euros”. A lo que añadió que el abono de estos importes se realizaría desde el “remanente de tesorería para gastos generales”. Sin embargo, el trasfondo del pago era diferente, según se supo después. Llegado el turno de Cs, la concejal Ángela López hizo un desglose de una de las cantidades: 226.621 € el principal, 60.000 € de intereses del procedimiento del año 2014 y una condena de 25.000 €”, «lo que sumado nos lleva a 311.000 €, importe de uno de los procesos judiciales». A lo que añadió: “Es tónica de este Ayuntamiento de Majadahonda no atender a sus obligaciones e incrementar los costes, como hemos visto con la sentencia de reclasificación de la policía o el tema de las plusvalías, con los que se está castigando sistemáticamente a los majariegos”. Y finalizó: “los motivos son las costas por negligencia del Ayuntamiento”. Por último, sacó a relucir la falta de transparencia: “no informan sobre las sentencias ni dan una mínima explicación”, a pesar de lo cual el voto de su partido sería “abstención» pero por «cumplimiento de la ley”. Seguidamente la concejal socialista, Socorro Montes de Oca, anuncio también desde el principio la abstención de su partido. Y amplió información de las dos sentencias condenatorias por lo que a su juicio fue una “tramitación incorrecta de los expedientes”. La edil explicó que correspondían a los meses de junio y noviembre y reveló que no fueron recurridas «porque no habían llegado al pleno”. Esto motivó que “no se tramitaran los pagos de manera inmediata, evitando así los intereses y las condenas por silencio administrativo”. A lo que añadió: “Los trabajos de la empresa Ortiz que hizo el parking de la Plaza de la Constitución no fueron pagados oportunamente siendo obras del año 2014, lo que les costará a los vecinos más de 300.000 €, ya que en la sentencia se impone el pago por silencio administrativo, condenando a costas por valor de 60.000 € y a intereses de demora calculados desde el 2014 en otros 60.000 €”. 

Leer más