MANU RAMOS. El magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, estaba decidido a primera hora de este martes 11 de agosto (2020) a «apartarse de forma voluntaria» y dimitir de la composición del Tribunal de Garantías para «no dañar la imagen de la institución» aunque la denuncia «no tenga ningún fundamento», según había admitido en una declaración al periodista Javier Álvarez. Según le reconoció al redactor, «la discusión fue verbal y algo subida de tono aunque en ningún momento hubo violencia verbal ni física. De hecho, no hay ninguna denuncia por parte de la pareja del magistrado, ni parte de lesiones». Horas después, sin embargo, se arrepintió: «El magistrado ha reiterado al presidente del Tribunal Constitucional en su reunión a solas de esta tarde que no hizo uso de ninguna violencia durante el incidente con su esposa, por lo que no ve motivos para presentar su renuncia al cargo. González Rivas tampoco se la pidió». ¿Qué ocurrió en el transcurso de esas horas? La reacción corporativa de tres asociaciones de jueces y del propio TC pudo influir en el cambio de postura, aunque la juez Elena Garde se mantiene en sus trece: hay indicios de delito. Tan solo el portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Luis Santamaría, ha aconsejado al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés, detenido por una denuncia por un presunto delito de violencia de género, que dé «un paso atrás» para «salvaguardar la Institución», sin que ello «implique prejuzgar los hechos». El incidente se produce, además, 22 días después de una relevante sentencia del propio TC en la que se exige a los órganos judiciales una investigación «suficiente y eficaz» de los asuntos de violencia de género, a los que aplica un «canon reforzado del deber de actuación diligente y sin dilaciones«. La sentencia, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, lleva también la firma de Fernando Valdés.
