J. FEDERICO MTNEZ. La «exposición razonada» de la jueza de Majadahonda, Elena Garde, obliga al Tribunal Supremo a juzgar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, también residente en el Parque Clamart de Majadahonda, donde se ubica la casa en la que ocurrieron los hechos de violencia de género hacia su esposa, la Sra. Verelst, que dos testigos escucharon y que han acreditado en el Juzgado número 7 de Majadahonda. El diario «El País» avanza que «las circunstancias de su arresto han causado malestar en el TC» al tiempo que expresan su «disgusto» porque el mando responsable de la Guardia Civil de Majadahonda y la magistrada no informaran al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que «se enteró por los medios de comunicación». Sin embargo, otros medios judiciales consultados ven la actuación de ambos mandos como «impecable»: «la mujer (esposa) salió al balcón gritando y pidiendo auxilio y el hombre (el juez) la introdujo violentamente en casa» para que no se la oyera. Cerró también las cortinas para que no se viera nada y dentro «los cristales empezaron a vibrar y se escucharon golpes como «pun, pun, pun». Después de los cristales, echaron las cortinas», declaró el testigo, recogieron la jueza y los guardias civiles y aclara el atestado. El magistrado reconoce que «puede ser que él la cogiera de los dos brazos y entraron los dos en la habitación». El padre del actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, se enfrenta por ello a una pena por un delito de malos tratos que según el diario El País debe aplicarse por el artículo 153 del Código Penal y que se eleva a «6 meses a 1 año de prisión o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días». ¿Motivo? Quien «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa», por lo que deja sin efecto que la Sra. Verelst no quisiera denunciar ni ser reconocida por un forense por el posible estigma social que todavía conlleva ser víctima de este delito. Haber sorprendido al magistrado del TC «in fraganti», según declaran los testigos y acreditó la Guardia Civil, ha causado una reacción corporativa de las asociaciones judiciales, entre ellas la progresista «Jueces y Juezas para la Democracia», así como del propio Tribunal Constitucional.
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