Cathy Boirac e IU coinciden en protestar contra la ampliación de terrazas en los bares de Majadahonda

MANU RAMOS. Cathy Boirac, presidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda, ha remitido un comunicado en el que señala que «ante la proliferación de terrazas que, en su mayor parte, incumplen la normativa actual y tras la publicación por parte del Ayuntamiento de Majadahonda de un proyecto de nueva ordenanza municipal para regular estos espacios en la vía pública, abierto a consulta pública, nuestra AV ha presentado sus alegaciones». El comunicado, que coincide con el de Izquierda Unida expresado en similares términos, señala que «el pasado 9 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Majadahonda inició una consulta pública previa a la elaboración de la modificación o redacción de nueva Ordenanza Reguladora de Terraza Accesorias a Establecimientos de Hostelería y Restauración en nuestro municipio, que se cerró el pasado 3 de enero de 2022. Para ello, redactó una Memoria explicativa que indica que el objetivo de una nueva norma es que se dé “una ocupación de calidad, de prestación de servicios a la comunidad y de desarrollo de unos negocios que resulten satisfactorios, no solo para sus clientes, sino para el entorno y el vecindario”. Desgraciadamente, prácticamente nada de ello se ha producido en la práctica hasta la fecha, pues la mayor parte de los establecimientos afectados no ha cumplido la norma actualmente vigente, del año 2013, sin que el Ayuntamiento haya hecho nada para que esto no sucediera. Situación que denunciamos en varias ocasiones, antes y después de la pandemia. En esta consulta previa, dentro del plazo previsto, nuestra Asociación ha aportado sus comentarios respecto de esta nueva propuesta que resumimos a continuación:

1) «Cualquier norma que se apruebe se debe cumplir. Y debe incluir un régimen sancionador para que no suceda como hasta la fecha: que la normativa se ha venido incumpliendo con absoluta impunidad. 2) La Memoria lleva a pensar que se trata de evolucionar hacia lo que se denominan “espacios híbridos”, y que los vecinos definimos como “terrazas cerradas”. Pedimos que la norma recoja la homogeneidad de su diseño, impidiendo que cada uno haga lo que quiera. Esto, en un municipio en el que la hostelería supone casi la única actividad económica, es de enorme importancia. 3) Sobre el permiso al uso del espacio público por las terrazas, debe imperar el derecho del ciudadano. Para esto, hay que evitar los abusos que ahora existen, y mantener, en la nueva normativa, lo que, al respecto, recoge la actual en su capítulo 2. Y que, fijado el espacio a utilizar, y marcado el mismo, se respete escrupulosamente. 4) Tampoco recoge la Memoria los horarios de apertura y uso de las terrazas que deben incorporarse a la ordenanza. Pedimos que se tenga en la máxima consideración las quejas que se han venido produciendo por muchos de nuestros vecinos sobre el abuso en este sentido. Se debe adaptar el horario de apertura y cierre a las necesidades de los vecinos y no a la inversa. 5) Control del equipamiento usado y prohibición de utilizar la vía pública como almacenamiento de mesas, sillas y elementos varios, como ahora sucede sin que el Ayuntamiento lo impida. 6) Calefactores exteriores: prohibición del uso de los que afecten negativamente al medio ambiente, limitándose solo al uso de equipos con alimentación eléctrica», señala la nota.

Por otra parte, Izquierda Unida ha presentado alegaciones contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en las Actuaciones Urbanísticas de Majadahonda, aprobada inicialmente en octubre de 2021. Esta Ordenanza «se ha planteado como una adaptación a nuestro municipio de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada por las bravas por el anterior gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por haberse tramitado sin respetar las más mínimas normas de funcionamiento democrático de la Asamblea de Madrid. A eso se añade que el actual gobierno de Ayuso pretende aprobar su llamada Ley Ómnibus, que incluye a su vez modificaciones de su recurrida Ley del Suelo, y que ha recibido la crítica de decenas de organizaciones políticas y sociales entre las que se cuenta Izquierda Unida. De hecho, existe una petición en la plataforma change.org solicitando su retirada que acumula ya casi 50.000 apoyos», añade en otra nota pública.

Héctor Muñoz, portavoz de la Asamblea de IU Majadahonda, ha manifestado al respecto que “el Ayuntamiento debería suspender la aprobación de una Ordenanza basada en una normativa urbanística que ni el propio Partido Popular tiene clara ni sabe si será declarada nula de pleno derecho”. No obstante, la oposición de Izquierda Unida a la Ordenanza no sólo obedece a una cuestión de forma sino sobre todo al fondo de lo que se plantea. Para la formación, esta normativa profundiza de nuevo en la desregulación y privatización del sector de la construcción. En efecto, con esta Ordenanza se podrán realizar actividades de edificación, demolición y cambio de actividad sin licencia urbanística otorgada por el ayuntamiento, simplemente mediante la presentación de una declaración responsable. Esto abre la posibilidad de cometer graves irregularidades urbanísticas que luego pueden tener preocupantes consecuencias legales y económicas para el propio Ayuntamiento».

«Y sobre todo supone la vuelta a la lógica del ladrillazo, dando más facilidades a los promotores para construir al margen del necesario control urbanístico y medioambiental, con el grave perjuicio para la economía que ya conocemos por pasadas burbujas inmobiliarias. Otro polémico elemento es la apertura a la privatización de la inspección urbanística del Ayuntamiento, algo que para Izquierda Unida carece de fundamento, cuando lo que sería necesario es reforzar la propia plantilla municipal y dotarla de los medios suficientes, porque esa es la vía para lograr un servicio de inspección que ofrezca todas las garantías a los vecinos y vecinas de Majadahonda. Así, el portavoz de Izquierda Unida añade: “Lo que el Partido Popular llama liberalizar el urbanismo significa realmente hacer dejación de funciones y profundizar en las mismas barbaridades que nos llevaron a la crisis económica del 2008 y a un modelo social, económica y ecológicamente insostenible”, concluye el comunicado.