MANU RAMOS. El concejal de Régimen Jurídico y Contratación Pública del Ayuntamiento de Majadahonda, Ignacio Silván González, ha hecho llegar a la redacción de MJD Magazin una amable carta dirigida a la atención del director del periódico en la que califica de «incorrecta interpretación de los hechos mencionados» los descritos en la noticia titulada «PP Majadahonda admite que el adjudicatario del software de las cámaras ya está «dado» aunque a día de hoy «todavía no tenemos formalizado el contrato». Por ello, solicita «de manera respetuosa» que se publique su versión de los hechos de forma «clara y precisa en su medio de comunicación, a fin de restablecer la verdad y evitar daños mayores». El concejal Ignacio Silván añade que «agradezco de antemano su comprensión y su disposición» ya que «entendiendo la importancia que ustedes otorgan a la veracidad y objetividad en sus publicaciones, confío en que corregirán esta situación cuanto antes mediante la publicación de esta carta». Y concluye: «En caso de que deseen verificar o ampliar la información con respecto a los hechos corregidos, me pongo a su disposición para brindarles cualquier documentación adicional que necesiten o para responder a cualquier consulta que deseen realizar. Finalmente, espero contar con su colaboración y profesionalidad en este asunto, confiando en que restablecerán la situación de manera justa y equitativa. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de este tema. Atentamente».
La correcta petición del concejal en la que solicita dar su versión de los hechos en realidad se refiere no a una sino a dos noticias, ya que alude también a otra que se titula: «El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid investiga al Ayuntamiento de Majadahonda por la adjudicación de las 133 cámaras de seguridad«. En ambas se recogen las denuncias de empresas concursantes a esta adjudicación, lo que ha obligado a la intervención del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid, lo que se recoge en ambas noticias con la reproducción de los documentos originales que figuran en las mismas, como reseña el propio concejal. El concejal matiza que el Tribunal «no abre ningún expediente, lo único que realiza es un requerimiento al Ayuntamiento para remitir el expediente de contratación tramitado, al haberse interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra los Pliegos que rigen la licitación por una mercantil». Reproducimos a continuación la versión de Ignacio Silván (PP).
IGNACIO SILVAN. “El titular de la noticia señala que el adjudicatario del software de las cámaras ya está “dado”. Sin embargo, lo que figura en el Plataforma de Contratación del Estado, y que ustedes unen a la noticia con una imagen y texto, es la pregunta y contestación a una de las cuestiones en relación a la licitación nº 49/2024: contrato de obras, suministro e instalación de los elementos necesarios para el equipamiento y puesta en funcionamiento de un sistema inteligente y escalable de gestión de información de video y 133 cámaras destinado a la seguridad, tráfico, movilidad y zona de bajas emisiones para la policía local del Ayuntamiento de Majadahonda, cuyo tenor literal es el siguiente: “Pregunta: ¿Podrían indicarnos de qué software de gestión policial se trata?. Respuesta: Actualmente se está licitando el contrato para el nuevo software de gestión policial, lo único que podemos afirmar, es que en mesa de contratación celebrada el día 4 de septiembre de 2024 se ha propuesto como adjudicatario a la mercantil, Suitable Software Vinfoval, S.L, pero a día de hoy, todavía no tenemos formalizado el contrato.”
En consecuencia, se reconoce la propuesta de adjudicatario del contrato con número de expediente nº 43/2023,- Contrato Mixto de suministro y servicio de mantenimiento del aplicativo para la gestión integral de la Policía Local del Ayuntamiento de Majadahonda a la Empresa Suitable Software Vinfoval, S.L. señalando, que es un contrato de software de gestión policial, pero que no es el contrato del software de las cámaras, por lo que no se ha “dado” ningún contrato, sino que se ha licitado siguiendo el procedimiento legalmente establecido por los procedimientos necesarios para cubrir la necesidades de seguridad del municipio. Por otro lado, recogen en la noticia que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid abre expediente al Ayuntamiento para esclarecer las presuntas anomalías en la contratación de las 133 cámaras de seguridad que deben vigilar el municipio de Majadahonda. Sin embargo, dicha noticia no es veraz, dado que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) no abre ningún expediente, lo único que realiza es un requerimiento al Ayuntamiento para remitir el expediente de contratación tramitado, al haberse interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra los Pliegos que rigen la licitación por una mercantil. Lo que es una cuestión muy distinta a afirmar que se abre expediente para esclarecer las presuntas anomalías en la contratación de las 133 cámaras de seguridad que deben vigilar el municipio de Majadahonda”.