MANU RAMOS. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha abierto expediente al Ayuntamiento de Majadahonda para esclarecer las presuntas anomalías en la contratación de las 133 cámaras de seguridad que deben vigilar el municipio. La extrañeza procede en que, según fuentes municipales, el pliego de la contratación salió en pleno mes de agosto, concretamente el 5 de agosto (2024) y concluye el 9 de septiembre pero el jueves 29 de agosto ya había operarios de la empresa COYSER revisando el acceso a los puntos de fibra óptica donde irán «enganchadas» las cámaras y cuando se les preguntó que hacían, respondieron que tenían órdenes de la empresa de que estuvieran instaladas en diciembre de este año. Esta situación ha provocado que otras empresas concursantes hayan presentado varios recursos, razón por la que este procedimiento público ha sido intervenido por el citado Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Hasta el Tribunal también se ha hecho llegar documentación según la cual el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) ha contratado similar número de cámaras (143) que el de Majadahonda (133) y sin embargo el precio de la adjudicación es bastante menor (1 millón frente a los 4 millones que anticipó la alcaldesa en una entrevista, aunque el PP afirma que incluye la obra civil). No obstante las empresas perjudicadas estiman que el coste solo de las cámaras es de 1 millón en Illescas frente a los 2 millones de Majadahonda. «Todo apunta a un pliego dirigido», señalan fuentes municipales que aportan como otras pruebas las numerosas preguntas que las empresas concursantes están realizando al Ayuntamiento, ya que los citados pliegos contienen numerosas ambiguedades, contradicciones y opacidades que los concursantes denuncian. Estos creen que solo tratan de beneficiar a la citada empresa COYSER. Y dado que en el concurso sobre el espectáculo de drones que tendrá lugar en las Fiestas 2024 también el diario «El Español» anticipó que la adjudicataria del concurso iba a ser la empresa «Umiles Entertainment« y también se había aumentado el servicio de la adjudicación con respecto al año anterior, dentro del propio Partido Popular (PP) han comenzado a expresarse signos de «inquietud» por las contrataciones y sus derivas judiciales tras la intervención del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP), a la que ha tenido acceso MJD Magazin y que es la siguiente.

Recurso nº 356/2024: «Con fecha 27 de agosto de 2024, se ha recibido en este Tribunal recurso especial en materia de contratación de la representación de la mercantil “ETRALUX, S.A.U.”, contra la resolución de fecha 5 de agosto de 2024 por medio del cual se aprueba el inicio del Expediente de Licitación 49/2024, relativo al “Contrato de obras, suministros e instalación de los elementos necesarios para el equipamiento y puesta en funcionamiento de un sistema inteligente y escalable de gestión de información de vídeo y 133 cámaras destinado a la seguridad, tráfico, movilidad y zona de bajas emisiones para la Policía Local del Ayuntamiento de Majadahonda”, así como a los Pliegos de la licitación, del que se adjunta copia».

«Se requiere que, por parte de la entidad, órgano, o servicio, que hubiese tramitado el expediente de contratación objeto del recurso, se remita a este Tribunal expediente de contratación completo y ordenado. Estará formado por la agregación sucesiva de los documentos que lo constituyen, las hojas deberán ir numeradas y foliadas y deberá estar acompañado de un índice de los documentos que contenga, incluyendo diligencia de autenticación. Si los candidatos o licitadores han designado como confidencial determinada información que hayan facilitado, deberá indicarse de manera expresa al final del índice y en cada uno de los documentos en el lugar en que se encuentren. Si no hay información confidencial, también se indicará en el mencionado índice». «Al expediente de contratación se acompañará el correspondiente informe en el que se hará constar la enumeración de los hechos, las disposiciones aplicables, fundamentos de la decisión adoptada y cualesquiera otras alegaciones que quiera realizar el órgano gestor del expediente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 y artículo 28.4 de las mencionadas disposiciones, deberá incluir las alegaciones que considere oportunas, referidas a la adopción de las medidas cautelares, solicitadas por el recurrente, o que pudieran adoptarse de oficio por este Tribunal».

«A los efectos, en su caso, de trasladar el informe que se emita en trámite de alegaciones, se requiere igualmente que identifique aquéllas partes del mismo que puedan estar sujetas al deber de confidencialidad. En todo caso, cuando el recurso se dirija contra el acto de adjudicación, se suspenderá de inmediato la ejecución del mismo una vez recibido el presente requerimiento, (artículo 53 LCSP y art. 21 del Reglamento). Toda esta documentación deberá remitirse en el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción del presente escrito. «Se enviará necesariamente un listado (en formato Excel o equivalente) en el que consten, en su caso, todos los participantes en la licitación con su número de identificación fiscal y los datos precisos para notificaciones, incluida una dirección de correo electrónico y número de teléfono. Si el recurso es contra los pliegos que rigen la licitación se deberá enviar una relación de los participantes en la licitación que a la fecha de presentación del recurso constasen presentados, con indicación de la fecha y hora en la que se hubiera realizado la presentación de la oferta. Toda la documentación indicada deberá remitirse al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid por medios electrónicos siempre que sea posible», documento que firman el Secretario del Tribunal y el jefe de Servicio de Tramitación Procedimental.