«El Ministerio Fiscal se hizo eco de las “diversas irregularidades” detectadas en dicho documento y, como consecuencia, la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió las diligencias preliminares que ahora están en marcha. El organismo se encarga de fiscalizar el sector público de enjuiciar la responsabilidad contable. En diciembre pasado los Ayuntamientos a los que se investiga (Valdemoro, Majadahonda, Villalba, Aranjuez, Pinto, Tres Cantos, Ciempozuelos y Mejorada del Campo), recibieron un escrito de este tribunal para convertir lo que es una sola pieza en 15 causas independientes dado “el número de corporaciones afectadas y la heterogeneidad de los hechos”. Así relata la periodista Esther Sánchez del diario «El País» la nueva investigación que el Ayuntamiento de Majadahonda recibió como «regalo de Navidad» en diciembre. Este es su relato:

«El Tribunal de Cuentas, a raíz de una auditoría pública, ha abierto diligencias preliminares para investigar irregularidades detectadas en la gestión y control de 15 concesiones de servicios públicos, entre ellas la del túnel y aparcamiento construido en el centro de Collado Villalba. La infraestructura le costó al municipio 40 millones de euros (el doble de lo presupuestado), a los que hay que añadir 1,3 millones de euros anuales hasta que finalice la concesión en 2046. El importe final del servicio alcanzará los 111 millones, según un informe del secretario municipal. El tribunal ha pedido dividir la causa en varias independientes», dice la periodista.

El parking investigado de Villalba

Y añade: «En 2016, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe con el resultado de la fiscalización sobre cómo gestionan y controlan 19 Ayuntamientos (de entre 20.000 y 75.000 habitantes) las concesiones de servicios públicos a empresas privadas. La investigación se centró en aparcamientos, cementerios y servicios funerarios e instalaciones deportivas durante 2013. Se analizaron 63 operaciones, entre ellas la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo que se encuentra entre las calles Bailén y Honorio Lozano, en el centro de Collado-Villalba. Los técnicos comprobaron que el Ayuntamiento debía en ese momento 2,8 millones de euros a la empresa concesionaria, motivo por el cual ambas partes mantenían un litigio abierto».

Por último concluye: «Con carácter general, el informe de la Cámara de Cuentas revela falta de inspección por parte de los municipios auditados. La mayoría “no facilita información económica periódica completa de la explotación”, aseguran. Incluso en los supuestos que involucran importantes inversiones, como es el caso de las concesiones de obras. “El control efectivo está muy por debajo de las previsiones contenidas en los pliegos (de las licitaciones)”, concretan. Tampoco consta “en la mayor parte de las concesiones” que se hayan emitido informes escritos por parte de los técnicos o funcionarios municipales. Y cuando existen, dan cuenta de “notables deficiencias por parte del concesionario”, puntualiza el informe. Entre ellas, la interrupción en la prestación del servicio, retrasos en las obras, deficiencia en el mantenimiento de las instalaciones, ausencia de pago del canon o facturas irregulares. Adicionalmente, en muchos de los casos, los pueblos “no han facilitado la información concluyente acerca de las deudas de las empresas con los Ayuntamientos”.

Fuentes:

El País

Agencia Efe