MANU RAMOS. «La ley deja en manos del tribunal sentenciador la posibilidad de suspender la ejecución de las penas —y, por tanto, de no ingresar en prisión— a aquellos cuyas condenas no superen los 2 años de cárcel, situación en la que se encuentran 9 de los condenados. Además, también pueden beneficiarse de esta medida aquellos que, aunque superan ese límite, lo hacen porque suman condenas por varios delitos que, en ningún caso, superan esa cifra de manera individual. Esa es la situación de José Luis Peñas, condenado a 4 años y 9 meses de prisión por 7 delitos. Las grabaciones que hizo Peñas a los dirigentes de la trama permitieron destapar la red. En 2018, la Fiscalía ya anunció que apoyaría una petición de indulto para él. Una plataforma recoge firmas en Internet a favor de la medida de gracia, que depende del Gobierno». Así comienza una noticia del diario «El País, que informa como los condenados del «caso Gurtel» que no habían entrado en prisión están intentado retrasar su entrada. La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que aprecia «riesgo de fuga«.

«No obstante, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional, responsable de ejecutar la sentencia y que está a la espera de recibir de manera oficial la resolución del Supremo. Una vez la tenga en sus manos, decidirá quiénes ingresan en prisión y quiénes permanecen en libertad. El procedimiento habitual es que dé un plazo de unos días a los que deban hacerlo para que acudan de manera voluntaria al centro penitenciario que elijan. Dos de los condenados, Sepúlveda y Galeote, han presentado en los últimos días sendos escritos en la Audiencia Nacional pidiendo que el encarcelamiento se retrase 10 y 15 días, respectivamente. Galeote señalaba que durante esas dos semanas pretende “dejar organizados algunos asuntos de naturaleza familiar”. El ex concejal de Estepona detallaba también que su intención es entrar en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) por la cercanía con su domicilio. En caso de que alguno de los que debe ingresar en prisión no lo haga en el plazo que finalmente fije la Audiencia Nacional, esta dictaría una orden de detención», explica El País.

La Fiscalía Anticorrupción pidió este martes 20 de octubre (2020) el ingreso en prisión inmediato de 11 de los 12 condenados a 3 años o más de cárcel por la primera época de la trama Gürtel de corrupción que aún están en libertad, tras hacer el Tribunal Supremo firmes las penas la semana pasada. Anticorrupción deja fuera al ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, condenado a 4 años y 9 meses de prisión, y cuyas grabaciones permitieron destapar la red. En 2018 la Fiscalía ya anunció que apoyaría una petición de indulto para él. Una plataforma recoge firmas en Internet a favor de solicitar su concesión.

Peor suerte parece que correrá Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ex marido de la ministra del PP Ana Mato. Condenado a 14 años y 4 meses (pena confirmada por el Supremo), Sepúlveda recobró la libertad tras dos días en prisión al presentar una fianza de 100.000 euros. Con la sentencia firme, ahora no tiene esa posibilidad. Una tercera condenada para la que la Fiscalía pide la reclusión inmediata es Isabel Jordán, empleada de las empresas de la trama Gürtel, quien si bien ya cumple otra pena por el caso Fitur, otra pieza del sumario de la Gürtel, lo hace en tercer grado o semilibertad. Fuentes penitenciarias apuntan que con la condena de 14 años y 11 meses impuesta por el Supremo, su situación será revisada y, previsiblemente, pierda este beneficio y reingrese en la cárcel de mujeres de Alcalá, donde ya estuvo.

Los otros 8 condenados son Carmen Rodríguez Quijano, alias «La Barbie«, esposa del cabecilla de la trama y ex jefa de gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Francisco Correa, al que el alto tribunal elevó la condena a 17 años y 8 meses; el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno (17 años y 2 meses); el antiguo contable de la trama empresarial de Correa, José Luis Izquierdo (13 años y 6 meses); el ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente (7 años y 9 meses); el ex concejal de Estepona, Ricardo Galeote (6 años y 6 meses); el testaferro Antonio Villaverde (3 años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (3 años y 7 meses), y Pedro Rodríguez Pendas, asesor de López Viejo (3 años), concluye El País.