AGENCIA EFE. La Intervención delegada en el Ministerio de Justicia ha pedido a la Intervención General del Estado que audite los pagos a la Abogacía por el servicio de asistencia jurídica gratuita tras detectar posibles irregularidades. El Ministerio de Justicia ha informado de esta petición en un comunicado en el que comunica que en los próximos días se procederá al pago de 4.028.858,50 euros correspondientes a este servicio, el 95 % de lo reclamado por los colegios. Lo hará tras haber recibido de los colegios de abogados de los territorios que gestiona -todos aquellos que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia– las certificaciones de la asistencia jurídica gratuita correspondientes al pasado octubre conforme a los criterios que establece la ley y el reglamento que regulan ese derecho. Justicia informó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el pasado 21 de octubre de la necesidad de justificar que los certificados que le había remitido para el pago de la asistencia jurídica gratuita se correspondían con casos que tienen derecho a ese servicio. Lo hizo tras descubrir irregularidades en el juicio de la Gürtel, pues se pagó abogado de oficio a personas que no tenían derecho a la justicia gratuita (que cubre la defensa de quien acredita insuficiencia de recursos), como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, y a empresas, que tampoco pueden contar con ese servicio.

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La Abogacía del Estado advirtió de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento. Y la Intervención delegada de Justicia reclamó que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al ministerio para el pago acreditaran que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo. Según el ministerio, conforme a la documentación recibida, el ministerio abonará 4.028.858,50 euros, lo que corresponde al 95% de lo reclamado inicialmente por los colegios. Solo un 5% del total, 228.499,11 euros, dejará de abonarse por no corresponder a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida, según la normativa que la regula.

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14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona el ministerio recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente. Solo uno de esos 24 colegios, el de Burgos, no ha presentado la documentación requerida, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno correspondiente al mes de octubre. El colegio de Cuenca sí ha enviado la documentación requerida pero respecto de julio, agosto y septiembre, meses cuyas certificaciones aún no había remitido. La Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas.