El interventor del Ayuntamiento de Majadahonda, Julio Prinetti (en la fotografía, a la derecha de la mesa), protagonizó este martes una situación insólita durante el pleno de la corporación: tras solicitar el uso de la palabra reclamó para su departamento la realización de una auditoría de gestión sobre el funcionamiento de los distintos servicios del municipio, cuyo coste los grupos municipales habían estimado en 50.000 euros. “Los 50.000 euros los aprovecharé bastante bien”, dijo Julio Prinetti, que afirmó que la fiscalización externa debe realizarse en sintonía con el Tribunal de Cuentas. El propio alcalde, Narciso de Foxá, indicó que esa fiscalización “no se hará nunca” porque tal y como estaba redactada por los cuatro grupos firmantes de la Oposición –Ciudadanos, PSOE, Somos e IU– no era viable. Los grupos opositores retiraron entonces la propuesta, que quedó encima de la mesa hasta el próximo pleno de mayo. Lo cierto es que numerosos ayuntamientos están realizando estas auditorías e incluso una firma de Majadahonda, BRS Auditores, ha ganado algunos de estos concursos y se ha presentado a otros, como en la vecina Las Rozas. Sin embargo, fue la propia Oposición la que se autoinmoló retirando una propuesta que a priori parecía ganada numéricamente, lo que el Grupo Popular aprovechó por medio del concejal Angel Alonso: “No sé por qué firman una moción en la que no están de acuerdo”. Y en efecto, la retiraron.
El debate comenzó de forma extraña, ya que el PP quiso sumarse a la mayoría reclamando tan solo que en la moción se sustituyese una “mesa política” por “político-social” que evaluase los resultados de la auditoría. Tanto Patricio Mackey (Somos) como Zacarías Martínez Maíllo (PSOE) se negaron, lo que causó el enfado de Narciso de Foxá, que no pudo reprimir sus aspavientos. Pero el guión cambió inesperadamente. Los portavoces de la Oposición tomaron la palabra y entonces evidenciaron serias discrepancias en torno al asunto. Mientras Mackey defendía la auditoría como “compromiso electoral” que arrojaría “más luz al Ayuntamiento”, defendió que fuera “externa, aunque no sea privada, porque puede hacerla una Universidad” y analizada después por la citada “mesa político-social”, con posibilidad de preguntas y participación ciudadana además de control trimestral, se las prometía muy felices: “se auditará el estado de los servicios, su coste y eficacia”, sentenció Mackey, “y empezaremos por el contrato de limpieza de Valoriza”, además de “analizar las inversiones” y contrastar la aplicación de la Ley de Transparencia en el Ayuntamiento. Con ello, se publicaría en la web municipal “el presupuesto, liquidación y grado de ejecución” de cada obra al igual que hace Torrelodones, donde gobierna una lista ciudadana de carácter liberal e independiente.




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