«La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) –a la que pertenece la de Majadahonda– dio la voz de alarma a principios del año pasado al comprobar sus integrantes que se estaban dando mafias dedicadas a pegar patadas en la puerta en viviendas abandonadas o cuyos propietarios habían fallecido. Una vez que se hacían con el piso, algunas bandas organizadas se dedicaban a alquilarlas, pese a carecer del título de propiedad. En otras ocasiones, los mismos okupas se quedaban en el inmueble, con los consiguientes problemas de convivencia para el resto del vecindario. Estos okupas no pagan impuestos, suelen crear problemas de ruido y no abonan los recibos de la comunidad de propietarios. Los dirigentes de la FRAVM se reunieron con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y con el jefe superior de Policía de Madrid, el comisario principal Alfonso Fernández Díez, a los que pidieron soluciones inmediatas para frenar esta oleada de okupaciones». El reportaje de F. Javier Barroso ilustra esta situación en la que también se encuentra Majadahonda con el bloque de viviendas de las «Casas Rojas» y que reproducimos a continuación:
«Un bloque de viviendas de Majadahonda, conocido como las casas rojas, será desalojado el próximo 24 de abril a las diez de la mañana, tras la orden dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Majadahonda. En total, son 26 familias las que tendrán que dejar estos pisos tras haber residido en ellos ocho años, pese a carecer de suministros de luz, agua y gas. El inmueble se encuentra en el número 8 de la calle de Neptuno. Los afectados aseguran que entre los residentes hay una treintena de menores, uno de ellos de tan solo dos meses. Los afectados han pedido a la constructora que les permita quedarse pagando un alquiler social. También han solicitado al Ayuntamiento que les facilite pisos de protección en caso de que se ejecute el desalojo. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que se intentará buscar la mejor solución, pero recordó que el edificio incumple el plan general al superar la altura permitida», añade Barroso.
Y concluye: «La Jefatura de Policía de Madrid creó el 19 de abril de 2016 —hace ya un año— una unidad nueva contra las tramas mafiosas que están detrás de estos grupos, al frente de la cual está el inspector Sergio Gámez Hortal. Para ello habilitó un número de teléfono gratuito (900 100 301) y un correo electrónico (madrid.ocupacioni@policia.es). Fruto de los datos facilitados por estas denuncias anónimas, la unidad ha podido sacar el mapa de la okupación en la capital y en los principales municipios de la región. Las cifras iniciales que barajaba la Delegación del Gobierno en Madrid apuntaban a que pudiera haber entre 4.000 y 5.000 viviendas okupadas en estos municipios. El balance final se aproxima a las expectativas iniciales. De las 3.353 casas okupadas, 2.443 se encuentran en la capital y las 910 restantes, en los municipios de la corona metropolitana, junto con Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Aranjuez».
«El proceso para expulsar a unos okupas suele ser largo y no baja de unos dos años. Desde que el propietario denuncia el delito (usurpación de bien inmueble, tipificado en el artículo 245 del Código Penal) se abre una instrucción judicial que termina en juicio y en la que los autores pueden ser condenados a penas de entre uno y dos años de prisión para quien ocupe un inmueble. La vía civil no resulta más corta. Una medida puesta en marcha este año son los juicios rápidos, de los que se han celebrado 280 en el último año, según datos de la delegada del Gobierno: “Esta modalidad permitió el desalojo inmediato de las viviendas”, finaliza el reportaje.
