
ELENA BARRIENTOS. (Majadahonda, 16 de octubre de 2026). He leído vuestra publicación sobre el retraso en la entrega de las 180 viviendas públicas (VPPA) de Majadahonda. Me gustaría contaros el caso de mi familia. Este escrito resume nuestro caso, lo que me han ido diciendo en la Oficina de Información de Vivienda Pública y lo que nos ha ido llegando a través de personas que son beneficiarios o permanecen en la reserva de esta adjudicación. Lo escribo para trasladarles la gran decepción y preocupación que está sufriendo mi familia y, en concreto, nuestro hijo, quien, como muchos otros jóvenes de Majadahonda, resultó beneficiario de una vivienda en el sorteo de las 180 viviendas VPPA de Majadahonda y, posteriormente, ha recibido una resolución de denegación por parte de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. En la mayoría de estos casos, al igual que en el de nuestro hijo, la denegación se ha producido por no alcanzar el límite mínimo de 1,5 veces el IPREM (salario mínimo) correspondiente a la declaración de la Renta de 2024. Consideramos que tomar como referencia exclusivamente dicho ejercicio resulta injusto y desproporcionado, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de estos jóvenes. Durante ese año y parte de 2025, muchos de ellos se encontraban estudiando, realizando prácticas formativas o iniciando su vida laboral, con ingresos muy reducidos. Sin embargo, las viviendas están previstas para ser entregadas prácticamente a finales de 2026 y, actualmente, tanto nuestro hijo como muchos de los jóvenes beneficiarios del sorteo, cuentan con ingresos superiores al 1,5 IPREM exigido y, en numerosos casos, con contratos indefinidos, lo que demuestra que actualmente disponen de capacidad económica suficiente para afrontar el alquiler de estas viviendas.
LA FINALIDAD SOCIAL DE LA VIVIENDA PROTEGIDA Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN ESTA MATERIA tienen como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas que, necesitándola, dispongan de medios suficientes para hacer frente a su coste sin riesgo de exclusión. En este caso concreto, entendemos que una aplicación estrictamente formal y temporal del requisito de ingresos, tomando como única referencia una situación económica correspondiente a 2024, puede conducir a un resultado contrario a la finalidad y al espíritu de la vivienda protegida: facilitar el acceso a una vivienda a quienes actualmente tienen una necesidad real y, al mismo tiempo, capacidad económica para mantenerla. Por todo ello, tanto nuestro hijo como muchos otros jóvenes afectados presentaron los correspondientes recursos de alzada con el objetivo de que se revisaran y, en su caso, revocaran las resoluciones de denegación de las viviendas que les habían sido adjudicadas mediante sorteo. Asimismo, algunos jóvenes presentaron una petición ante la Comunidad de Madrid solicitando que se flexibilizara y revisara la aplicación de la cláusula relativa al cumplimiento de los requisitos económicos de entre 1,5 y 3,5 IPREM en las declaraciones correspondientes al ejercicio 2024, permitiendo acreditar la situación económica y los ingresos existentes en el momento de la firma del contrato o, en su caso, desde la adjudicación de la vivienda.

AL ACUDIR A INFORMARNOS a la Oficina de Vivienda Pública, situada en la calle Braganza, se nos informó de que el proceso estaba sufriendo un importante retraso debido a que a más del 60% de los beneficiarios se les habría denegado la vivienda y que, debido a las numerosas reclamaciones y recursos de alzada presentados, el abogado de la Comunidad de Madrid había ordenado volver a revisar los expedientes. Por otra parte, estamos teniendo conocimiento de casos de personas que resultaron beneficiarias en el sorteo y que, a día de hoy, todavía no han recibido ninguna comunicación relativa a su expediente: no se les ha solicitado documentación ni han recibido notificación alguna, ni de adjudicación ni de denegación de la vivienda. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos conocimiento de personas que se encontraban inicialmente en la lista de reserva y a las que ya se les ha notificado la adjudicación de una vivienda.
ESTAS SITUACIONES ESTÁN GENERANDO UNA GRAN INQUIETUD E INCERTIDUMBRE tanto entre las personas inicialmente beneficiarias como entre quienes se encuentran en las listas de reserva, como es el caso de mis dos hijos. Entendemos que, mientras no se haya completado la revisión de los expedientes de los beneficiarios ni se hayan resuelto los correspondientes recursos de alzada, resulta difícil comprender que se estén realizando nuevas adjudicaciones a personas de las listas de reserva. Por todo lo expuesto, rogamos que se interesen por el procedimiento que se está siguiendo, soliciten información sobre el estado actual de la tramitación y, en la medida de lo posible, contribuyan a que el proceso se revise y agilice, garantizando que se respeten los derechos e intereses de todas las personas afectadas. Que a todos los beneficiarios se les facilite información y a los que han presentado recurso de alzada se les notifique la resolución. Esta situación está suponiendo un elevado grado de estrés, incertidumbre y malestar para numerosas familias y jóvenes que llevan esperando una respuesta desde la celebración del sorteo, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2026. Agradecemos de antemano su atención y esperamos que puedan ayudarnos a obtener información y a impulsar una solución que permita resolver esta situación con la mayor transparencia, agilidad y justicia posibles.


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