AGENCIA EFE. La Fiscalía Anticorrupción ha discrepado de la tesis del juez del caso Púnica que archivó la rama en la que se investigaron a 40 personas por la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP, y ha pedido este martes 24 de octubre (2023) reabrir la causa para concretar contra qué imputados se puede dirigir la acusación. El magistrado Manuel García Castellón puso fin a estas pesquisas al no apreciar la existencia de un concierto entre los investigados para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria y ante la dificultad de «disociar en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública». Discrepa la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido el auto del magistrado para que se reabra esta pieza del caso Púnica, la número 10, para poder concretar las imputaciones contra los investigados y dictar un auto de procesamiento, según informan a EFE fuentes fiscales. Esta pieza del caso Púnica, un procedimiento que echó a andar en 2014, estaban investigadas 40 personas, entre ellas el ex alcalde Narciso de Foxá, la ex concejala y jefa de prensa, Laura Nistal y el jefe de servicio de Informática del Ayuntamiento de Majadahonda, Jaime López. «Resulta extraordinariamente difícil, si no imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet, redes sociales o medios de comunicación social», argumentó el juez cuando archivó la investigación.

EUROPA PRESS. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de archivo acordada la pasada semana por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón. El juez, en cambio, cree que se exige, no ya una mera posibilidad, sino una probabilidad «de la relevancia penal de aquellos iniciales hechos y de su atribución a un sujeto concreto y determinado». En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado señalaba que «la precariedad de los indicios acumulados una vez concluida la instrucción, y oídos los investigados, no permiten apreciar la existencia de un concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria» por los delitos investigados de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. En 37 folios, el juez recogía la doctrina del Tribunal Supremo en unos hechos parecidos relativos a la ex alcaldesa de Cartagena y la reciente sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que abordó también la contratación de servicios de reputación ‘online’ por parte de cargos públicos.