MANU RAMOS. La jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla, ha hecho público este viernes 19 de noviembre (2021) un auto judicial en el que exonera de responsabilidad penal a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández en el «caso Puerta de Hierro Majadahonda«. Y lo justifica así: “De la declaración prestada por la hasta ahora única investigada María Elena de Mingo [inspectora de Hacienda y directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamiento de Sanidad de la Consejería] no resulta que la resolución sobre la reducción del número de camas procediera directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Igual resolución adopta respecto a Juan José Güemes y a Ana Sánchez. El hecho de que fueran los máximos responsables del área sanitaria “no justifica la atribución de la condición de investigados”, según la resolución judicial. El auto, fechado el 17 de noviembre y notificado a las partes, recoge que sí sea investigado el exdirector general de Gestión Económica y de Compra de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Alejandro Vidart Anchia. Para ello, le cita para el próximo 20 de diciembre a las 10.45 horas.

La noticia del periodista F. Javier Barroso del diario «El País» ha caído como una bomba en el hospital majariego y supone un hito al responsabilizar a los funcionarios que tramitan y firman un expediente pero no a sus superiores políticos. «La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el pasado 10 de noviembre que se investigara a estos políticos, tras haber demostrado que se habían retirado 135 camas del hospital Puerta de Hierro con la intención de que solo hubiera 1 paciente por habitación. Eso ocurrió en 2008, meses antes de la inauguración del nuevo centro en Majadahonda, cuando Esperanza Aguirre visitó las obras. De inmediato, hubo que quitar “una cama hospitalaria [extra], la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora”. Sin embargo, eso no produjo una rebaja en la factura que pagaba la Consejería de Sanidad a la concesionaria del hospital. La factura incluía esas camas por las que hubo un desembolso anual de 1,3 millones», señala el periodista.

“En una organización o estructura compleja jerarquizada los máximos responsables pueden no tener conocimiento de todos los actos. Para que se les pueda investigar, es necesario que esos responsables (en este caso, Aguirre, Güemes y Sánchez) hayan realizado ellos directamente el delito que se le imputa: Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho”, según un auto del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2020 que cita la jueza para justificar su decisión.