Una visita a los Juzgados de Majadahonda aflora una llamativa saturación, el predominio del obsoleto papel y en la era de la alta velocidad y la fibra, ordenadores antiguos que van lentos y se «cuelgan»
MANU RAMOS. Xavier Abel e Isabel Winkels, presidente y secretaria de la Plataforma Familia y Derecho han planteado la necesidad de que haya Juzgados de Familia especializados en todo el territorio nacional. «Una oportunidad que se presenta a través del proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, que ahora se encuentra en el Congreso de los Diputados», señalan en un artículo en la web «Confilegal» con fecha de 6 de junio (2022). Y entre los ejemplos, «aunque seguro que hay muchos más», ponen el siguiente: «Como muy gráficamente explicó Joaquim de Miquel, secretario general del ICAB, analicemos 2 partidos judiciales cercanos, como por ejemplo Majadahonda, que tiene 8 juzgados mixtos, y Pozuelo de Alarcón, que tienen 4 juzgados mixtos, que distan 10 km entre sí. Estos 12 juzgados conocen todos ellos conflictos de Infancia, Familia y Capacidad. ¿Por qué no concentrar estas cuestiones en 2 de esos juzgados, con carácter exclusivo y excluyente, quedando los otros 10 para las restantes cuestiones?. Se libera de materia de familia a 10 juzgados y se concentra esta materia en 2, que se especializan. Las sedes judiciales ya existen y las plazas de jueces también; habría que ampliar el número de Fiscales, debidamente formados, y el número de Equipos Técnicos. Y ninguna de estas inversiones son inasumibles, especialmente frente al evidente beneficio que reportaría a toda la sociedad contar con una justicia que siguiera estando cerca del ciudadano (no tendrían que desplazarse a la capital de la provincia, como sucede con los juzgados Mercantiles o Sociales, sino a un partido judicial (Tribunal de Instancia) cercano. Los colegios de abogados más pequeños verían preservados los intereses de sus colegiados, porque seguirían trabajando en el propio partido, o en uno cercano».
Xavier Abel e Isabel Winkels
El artículo argumenta así razones para la reestructuración: «Se cumple el mandato contenido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, se protege a las víctimas, se reduce la violencia de género, se acerca a la justicia española a la justicia de los países más cercanos europeos, donde ya existe la especialización en estas materias, se acometen con rigor los nuevos retos dimanantes de los nuevos modelos de familia, y todo ello con inversiones mínimas, manteniendo la cercanía de los tribunales a los ciudadanos y sin perjudicar ni a Ayuntamientos ni a Colegios de Abogados«. Y añade: «Es una realidad incuestionable que 25 millones de ciudadanos siguen estando en situación de desigualdad real frente a los restantes 22. 25 millones de españoles ven sus conflictos familiares dirimidos por jueces sin especializar, sin fiscal ni Equipo Técnico adscrito, en clara discriminación frente a los restantes 22, que tienen acceso a una justicia especializada.
La saturación judicial exige modernización y reorganización, según los autores
Aunque aparentemente, cada vez hay más conciencia de la trascendencia e impacto que en la sociedad tiene esta materia, los que llevamos años peleando por que se reconozcan los derechos de más de la mitad de los españoles hemos sufrido una enorme decepción al ver la redacción dada al artículo 86 del proyecto de ley de eficiencia organizativa: “Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Familia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial”, en lugar de “Con carácter general se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Infancia, Familia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial”. Además de los argumentos vertidos en la Parte I de este artículo, dejar al albur la creación de estas secciones especializadas implica ignorar la evidente evolución de la sociedad, con sus cada vez más complejas relaciones familiares. De hecho, todos los operadores jurídicos que intervenimos en los procedimientos de familia proponemos y aportamos la implantación de protocolos y soluciones prácticas que preserven la seguridad de los integrantes del núcleo familiar, y faciliten que estos procedimientos tan sensibles sirvan para proteger a los más vulnerables», concluye el texto.
