La Comisión de Régimen Interior del Ayuntamiento de Majadahonda eludió en su reunión del martes la denuncia del Colectivo Profesional de Policía de Majadahonda (CPPM) en la que desvelaba como la mayoría de las cámaras policiales de seguridad no funcionaban, lo que suponía un «despilfarro» de 108.000 €. Los agentes de CPPM acusaban al concejal de Seguridad Manuel Ortiz (PP) de ser el «responsable político» del desaguisado, y aunque la situación irregular no tuvo más remedio que ser confirmada por el propio alcalde, Narciso de Foxá, finalmente primó el «pacto de silencio» que había adelantado MJD Magazin: ningún partido de la Oposición se hizo eco de la denuncia que afecta al Gobierno, ya que los concejales poseen una no ocultada relación de amistad con el citado edil «popular» para intercambiar «favores» y evitar polémicas públicas sobre sus mutuos «errores». La única que suscitó un comentario sobre la cuestión fue la concejala centrista Mercedes Pedreira, que indicó públicamente que le hubiera gustado que estuviera el secretario general de CPPM, Juan José Crespo, para que hubiera expuesto esta cuestión en los «ruegos y preguntas». Sin embargo Crespo, que en efecto se encontraba ausente por motivos profesionales, había sido sustituido por José Angel Díaz de Aldea, representante de CPPM en la Junta de Personal, que sí estaba presente, pero dado que los partidos de la Oposición no sacaban el tema, renunció a intervenir.


La primera prueba de la denuncia de Europa Press

La polémica, por su parte, sigue presente en la prensa, que ha denunciado incluso como la avería de las cámaras impidió detener a un delincuente: «Una cámara de videovigilancia en desuso desde hace un año ha impedido que la Policía Local de Majadahonda haya podido facilitar a la Guardia Civil las grabaciones de un robo con violencia«, titula la agencia Europa Press. «Según el registro, al que ha tenido acceso Europa Press, la petición se produjo este fin de semana, cuando el Cuerpo de Seguridad comunicó con la Policía Local de Majadahonda para solicitar la grabación de la cámara de videovigilancia ubicada al comienzo de la Gran Vía, junto al Banco Santander, donde se produjo un robo con violencia. Desde Policía Local, según el documento, se indicó a la Guardia Civil que existe una cámara en ese punto pero que «no está en funcionamiento». MJD Magazin tuvo acceso a la denuncia de Europa Press y aporta también los documentos gráficos que no figuran en la noticia.

La segunda prueba de la denuncia de Europa Press

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Majadahonda, Ana Elliot, ha recogido tímidamente en un comunicado la denuncia del colectivo policial CPPM y ha asegurado que «las cámaras de seguridad instaladas en las calles siguen sin funcionar». En una nota pública con la que sale al paso de la inicial inhibición del concejal responsable de Seguridad de su partido, Elliot ha solicitado «la elaboración de un informe para saber en qué se han empleado los seis millones de euros destinados al edificio de la Policía Local, que «aún está sin terminar», informa la agencia Efe. Así, la portavoz de la formación Ana Elliott ha solicitado que «se realice un informe técnico y una auditoría de seguridad sobre el estado del equipamiento e instalaciones de la Policía Local» en Majadahonda. Una vez realizado ese estudio, Elliott ha pedido que «éste se presente en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento para poder ser evaluada por todos los grupos» municipales.


Garajes del nuevo edificio de la Policía en Majadahonda

«El edificio de la Policía Local se inauguró en junio de 2013 y a día de hoy los calabozos siguen sin estar homologados, a lo que hay que sumarle que las cámaras de seguridad instaladas en las calles siguen sin funcionar», ha recordado. Al hilo de esto ha subrayado, además, que la sala que debería utilizarse para las ruedas de reconocimiento no se pueden utilizar porque «faltan los cristales necesarios, y la galería de tiro sigue sin construirse». Todo esto, «a pesar de que el proyecto para la nueva sede de la Policía Local de Majadahonda se adjudicó en 2010 por un importe de unos seis millones de euros», ha incidido Elliott. Por ello, defiende «la necesidad de solucionar los problemas para ofrecer al cuerpo los medios más modernos y seguros, como puede ser el Reconocimiento Automático de Matrículas que facilitaría el trabajo de prevención e investigación».

Majadahonda Magazin