En Majadahonda y en el resto del Oeste de Madrid viven muchos vecinos procedentes de Segovia y Avila, incluso de León o Valladolid, existen también majariegos burgaleses, sorianos o palentinos, pero también salmantinos y zamoranos. Son 9 provincias que cada vez que Castilla y León celebra elecciones autonómicas les reaparece una pregunta.
MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 16 de marzo de 2026). Por qué Castilla y León llama “procuradores” a sus representantes. En Majadahonda y en el resto del Oeste de Madrid viven muchos vecinos procedentes de Segovia y Avila, incluso de León o Valladolid, existen también majariegos burgaleses, sorianos o palentinos, pero también salmantinos y zamoranos. Son 9 provincias que cada vez que Castilla y León celebra elecciones autonómicas les reaparece una pregunta que, fuera de la comunidad, genera sorpresa y hasta cierta perplejidad: ¿por qué sus representantes no se llaman diputados, como en el resto de parlamentos regionales? La respuesta no está en una excentricidad administrativa ni en un gesto simbólico improvisado, sino en una decisión consciente de conectar el presente institucional con un pasado político que se remonta muchos siglos atrás.
Atlas de Geografía Humana, por el periodista Miguel Sanchiz
LA DENOMINACIÓN “PROCURADOR” PUEDE SONAR, PARA ALGUNOS, A UN ECO INCÓMODO DEL SIGLO XX. Durante la época del gobierno de Franco, los miembros de las Cortes Españolas recibían ese nombre, aunque su función y su legitimidad democrática nada tenían que ver con los parlamentos actuales. Ese uso dejó una huella en la memoria colectiva, y todavía hoy hay quien asocia el término a aquel periodo. Sin embargo, en Castilla y León la elección del nombre no procede de esa etapa, sino de una tradición mucho más antigua y profundamente ligada a la historia de la región. PARA ENTENDERLO HAY QUE RETROCEDER A LA EDAD MEDIA. Las ciudades del Reino de Castilla enviaban a las Cortes a representantes que actuaban en su nombre. No eran diputados en el sentido moderno, sino emisarios con un mandato concreto: defender los intereses de su concejo ante el monarca. A esos enviados se les llamaba “procuradores”, porque acudían a “procurar” —es decir, a gestionar, negociar y proteger— los asuntos de la comunidad que los había designado. La palabra, por tanto, no es un invento reciente, sino un término profundamente arraigado en la tradición política castellana. Cuando Castilla y León elaboró su Estatuto de Autonomía, a comienzos de los años ochenta, sus redactores decidieron recuperar esa denominación histórica. No se trataba solo de un guiño erudito, sino de una forma de subrayar que el autogobierno contemporáneo no surgía de la nada, sino que tenía precedentes en una cultura política que había dado forma a la región durante siglos. En un país donde muchas comunidades han buscado símbolos propios para reforzar su identidad institucional, Castilla y León optó por reivindicar su legado parlamentario medieval.
EL RESULTADO ES UNA SINGULARIDAD QUE DISTINGUE A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DEL RESTO DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS. Mientras en otras comunidades los representantes se integran en un marco terminológico homogéneo —diputados, diputadas—, en Castilla y León se mantiene una palabra que remite a un tiempo en el que las ciudades castellanas tenían voz directa en las decisiones del reino. Esa continuidad simbólica no pretende reproducir las formas políticas medievales, pero sí recordar que la representación ciudadana tiene raíces profundas en la historia de la región. La elección del término también invita a reflexionar sobre la relación entre lenguaje e instituciones. Las palabras no son neutras: transmiten valores, evocan tradiciones y ayudan a construir identidades colectivas. Llamar “procuradores” a los representantes autonómicos no cambia sus funciones ni altera el funcionamiento del parlamento, pero sí sitúa a la institución dentro de una narrativa histórica propia. EN UN CONTEXTO EN EL QUE LA POLÍTICA SUELE VIVIRSE CON URGENCIA Y CORTOPLACISMO, ESTE TIPO DE DECISIONES RECUERDA QUE LAS INSTITUCIONES TAMBIÉN SON DEPOSITARIAS DE MEMORIA. Por supuesto, la coincidencia con el vocabulario del franquismo puede generar confusiones, especialmente entre quienes no conocen la historia medieval de Castilla. Pero la intención del Estatuto es clara: recuperar un término que existía muchos siglos antes de que el régimen franquista lo utilizara. De hecho, si algo hizo aquel gobierno fue apropiarse de una palabra que ya tenía un significado político consolidado en la tradición castellana. En definitiva, la denominación “procurador” no es un anacronismo ni una rareza. Es una forma de enlazar el presente con un pasado que forma parte del ADN institucional de Castilla y León. Y aunque pueda sorprender a quienes observan la política autonómica desde fuera, lo cierto es que encierra una historia que merece ser contada: la de una comunidad que ha decidido mirar a su pasado para dar nombre a su futuro.
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