JORGE RUBIO. El sindicato policial CPPM de Majadahonda ha remitido a MJD Magazin un comunicado en el que denuncian lo que a su juicio supone «otro ejemplo de la paulatina degradación y desastrosa gestión en el departamento de policía y que una vez más, no solo supone una disminución en el servicio de seguridad de los vecinos de Majadahonda, sino también un despilfarro más de dinero público», en alusión a la Concejalía de Seguridad que dirige el concejal Manuel Ortiz (PP). De él señalan que «ni siquiera tiene despacho en el edificio de la Policía y las consecuencias vuelven a ser las mismas que entonces: el abandono». Y ponen en entredicho «la verdadera gestión del responsable político de la seguridad local, donde el objetivo diario es el autobombo personal con noticias cortoplacistas de escaso contenido y trascendencia». La organización CPPM, mayoritaria en la policía y en el Ayuntamiento, desvela que «durante años no hubo autoridad política o judicial que no visitara el centro de pantallas de seguridad y quedara asombrado de la eficacia y la modernidad de la Policía Local de Majadahonda. Pero ya se ocultaban algunas realidades. El sistema de identificación de matrículas nunca llegó a instalarse (a pesar de estar incluido en el pliego de condiciones), y por orden del asesor de Seguridad, las imágenes no eran grabadas, de forma que todo aquello que no fuera observado directamente por los policías del centro de pantallas no era posible recuperar». Según la nota, el «despilfarro» de la Concejalía se eleva a una cantidad que oscila entre los 98.000 y los 108.000 €. A continuación reproducimos íntegramente el resto de la nota pública:

«Corrían los tiempos del famoso Plan E, cuando el Ayuntamiento de Majadahonda invirtió 98.077,04 euros del erario público en la instalación de un sistema de video vigilancia en las principales vías de comunicación del municipio. Aquello fue presentado a los medios como la panacea de la seguridad ya que desde la Policía Local se tendría acceso en tiempo real a incidencias a través de las cámaras “domo” y fijas, facilitando una respuesta más rápida del Cuerpo de Seguridad Local. El dispositivo estaría reforzado por un sistema de identificación de matrículas en los accesos al municipio de forma que cualquier vehículo sustraído o de interés policial, activara una alarma en la central de la policía local al acceder al municipio».

«Desgraciadamente el paso del tiempo ha sacado a la luz la verdadera gestión del responsable político de la seguridad local, donde el objetivo diario es el autobombo personal con noticias cortoplacistas de escaso contenido y trascendencia. Se realiza el esfuerzo mínimo para sacar una noticia y después el asunto se abandona. En la fotografía se observa que un sector de las cámaras inutilizado. Nunca llegó a repararse. Desde su instalación, la mayoría de las cámaras han ido paulatinamente estropeándose sin que nunca llegaran a ser reparadas. La pantalla principal quedó a oscuras a principios de 2016 y no volvió a funcionar hasta año y medio después. En la imagen puede observarse el estado operativo del sistema. En rojo aparecen las cámaras que están fuera de servicio y en negro las que están en funcionamiento. Esta instantánea fue tomada en diciembre de 2016″.

«El pasado mes de junio de 2017 se sustituyeron las pantallas del centro de comunicaciones por cuatro televisores de última generación. El contrato ascendió a 9.637,65 euros, distribuido en 1.375 euros x 4 pantallas de 55”, 1.650 en materiales varios y 815 euros de mano de obra más impuestos. Al igual que ocurriera años atrás, el sistema se arregló para una nueva visita que permitiera una nueva fotografía. Desde entonces ningún responsable político ha vuelto a pisar las dependencias de Policía Local (el concejal de Seguridad ni siquiera tiene despacho en el edificio de la Policía) y las consecuencias vuelven a ser las mismas que entonces: el abandono. La realidad actual es un sistema inoperativo que no sirve para ninguno de los fines para los que fue concebido. En la imagen se observa el estado actual de abandono del sistema de video vigilancia. En rojo aparecen las cámaras que están fuera de servicio. De las 30 cámaras anunciadas, sólo hay 19 y desde hace 6 meses, sólo 5 de ellas funcionan«.

«Mientras tanto, todas las semanas ocurren hechos que evidencian el abandono que desde el sindicato CPPM denunciamos. A menudo se reciben llamadas de grupos de Policía Judicial de Policía Nacional o Guardia Civil solicitando imágenes de determinados vehículos, ocupantes o hechos delictivos. La respuesta siempre es la misma: no es posible porque la cámara no funciona, si funciona es que no graba, y si graba es que no está apuntado al lugar adecuado, o «pida las imágenes por registro del Ayuntamiento» que nunca se las llegarán a facilitar. El coste de la operación supera los 108.000 euros y el resultado el de siempre: El sistema no funciona y nunca hay responsabilidades, (aunque para ello antes tiene que haber responsables)», concluye el comunicado de CPPM. La inauguración del sistema de seguridad audiovisual, en entredicho.