JULIA BACHILLER. «La UDEF está en el Ayuntamiento de Majadahonda solicitando información sobre temas relacionados con la empresa Gespol, encargada de la gestión de multas de tráfico y temas relacionados con la seguridad vial. En Majadahonda sólo hay un semáforo. La gestión de las multas se adjudicó en 1998 mediante un convenio firmado por Comunidad de Madrid, Federación de Municipios de Madrid (FMM) y diversos Ayuntamientos (que en aquel momento tenían un tamaño mediano). Con ese convenio se dotaba a los Ayuntamientos de una herramienta informática para la gestión de las multas. Según la información disponible, el Ayuntamiento de Majadahonda no ha pagado cantidad alguna por el contrato y mantenimiento de este servicio. Actualmente está en proceso de tramitación un contrato para el mantenimiento de dicha aplicación. La licitación se lleva a cabo por procedimiento abierto y aún no ha sido adjudicado. La Policía investiga, exclusivamente, a un funcionario municipal», adscrito al departamento de Nuevas Tecnologías y cuyas iniciales son J. L., según la agencia Efe. Fuentes municipales del Ayuntamiento de Majadahonda explicaban así a MJD Magazin el calado de la redada policial que ha protagonizado la corporación y que desde El País y El Confidencial relacionaban con la «Macrorredada contra alcaldes y policías locales por una red de contratos fraudulentos ligados a la seguridad vial: La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado». Aún así, la imagen de dos policías nacionales a la entrada del Consistorio junto a una furgona policial y coches de la UDEF aparcados en la peatonal de la Gran Vía sobresaltaron a la mayoría de los funcionarios y concejales, aunque los vecinos que paseaban lo aceptaron con mayor normalidad.

El Ayuntamiento de Majadahonda se desvincularía así de esta operación policial paralela o al menos quedaría menos afectado, ya que las presuntas prácticas irregulares se circunscribiría a un solo funcionario. Se da la circunstancia de que el colectivo policial CPPM Majadahonda había denunciado también hace solo unas semanas «malas prácticas y despilfarro» en la contratación de estas cámaras que, según fuentes de CPPM, «se hizo en Policía», aunque no tenían constatación de la relación entre ambas actuaciones, salvo que poseía relación con Valoriza, la empresa concesionaria de la recogida de basuras y limpieza viaria en Majadahonda.

EL PAIS: La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha a primera hora de la mañana de este martes la Operación Enredadera, en la que investiga una amplia trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de municipios de toda España. Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios en las que los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y se cobraban comisiones».

«Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes (17), jefes de policías locales (10) y técnicos y empresarios. Y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Se prevén también 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Una de las compañías implicadas en el caso es Aplicaciones Gespol S.L., proveedora de un software para policías locales, con sede en Barcelona y filial de la constructora Sacyr (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales). Y uno de los principales detenidos, y «cabecilla de la trama», es el constructor José Luis Uribarri, salpicado también por la trama Gürtel».

«Solo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar y Valdemorillo. Y fuera de Madrid en sedes consistoriales de Asturias (Oviedo), Castilla y León (León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana), Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia, Illescas (Toledo) y Lleida. Además hay requerimientos en la Diputación de Alicante, ayuntamiento de Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O´Grove, San Vicent del Raspeig y Vitoria». Leer más.

EL CONFIDENCIAL. «La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una macrooperación contra una trama que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en más de 40 ciudades de toda España para favorecer a una filial del grupo Sacyr. Las pesquisas apuntan a ayuntamientos gobernados por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Se trataría del primer caso de corrupción municipal que afecta a dirigentes del partido de Albert Rivera. Más de 600 efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo. Los agentes tienen órdenes de detención contra más de 40 supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales, y está programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios. Uno de los puntos que se está inspeccionando es el ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por Ciudadanos desde 2015. También está prevista la entrada y registro en los consistorios de Alcobendas, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre». Leer más.