
La Guardia Civil ha encontrado restos sospechosos en el vertedero de Pinto donde desde esta misma semana se está indagando sobre el paradero del cadáver, informan los periodistas Carlos Hidalgo y M. J. Alvarez. Los restos fueron custodiados por la Guardia Civil, ante la presencia del juez encargado del caso. Luego, los trasladaron al forense, que practica las pruebas para determinar si se trata del cuerpo de Adriana. Fuentes policiales indicaron que a priori parece carne triturada y huesos de origen animal, aunque faltan las mencionadas pruebas. La empresa Urbaser ha sido la encargada de realizar el informe de viabilidad y el presupuesto, estimado en cerca de 800.000 euros, «fue el tomado en consideración por el juez para aprobar estas delicadas labores», en alusión al instructor, magistrado Marcos Porcaz (Majadahonda).
«La complejidad de los trabajos radica en dos cuestiones: hay que remover casi 20.000 toneladas de basura y evitar que la búsqueda afecte al funcionamiento normal de esa enorme planta donde se tratan los residuos de la mitad de la comunidad. Al poner en funcionamiento la maquinaria necesaria para la localización de los restos (excavadora, máquina con pinzas para colocar la basura, otra máquina para extenderla, etc.) hay que paralizar la actividad del vertedero, una opción no viable y a la que se están buscando soluciones». Así describen los periodistas Cruz Morcillo y M. J. Alvarez la compleja y costosa labor de localización de los restos de Adriana, la mujer presuntamente asesinada por el «descuartizador» de Majadahonda. Y es que se busca el «cuerpo del delito» que refuerce los restos de ADN de la chica encontrados en la trituradora de la casa.


Este único imputado sigue en prisión y está previsto que el juez lo llame a declarar en los próximos días tras hallarse estos nuevos vestigios, según fuentes judiciales. De momento, los agentes encargados de la investigación han sacado dos veces al casero de la cárcel para practicar sendos registros. El primero fue en su propia vivienda de Majadahonda. El segundo, en una finca de la provincia de Toledo, propiedad de la familia, donde no se hallaron pruebas, recuerdan Morcillo y Alvarez.
En cuanto a quién será la administración que tenga que hacerse cargo de los estos gastos, ABC señala que «a fecha de hoy todavía no se ha acabado de perfilar cuál será la administración que se hará cargo del elevado coste de esta búsqueda, si bien la providencia del juez no deja margen a su incumplimiento por cuestiones técnicas o económicas.»


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