J. FEDERICO MTNEZ. El nuevo candidato a la alcaldía de Majadahonda, José Luis Alvarez Ustarroz (32 años), que presenta este viernes 22 de marzo de 2019 se campaña, ha incluido en su equipo de campaña a Laura Nistal, asesora de prensa del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que aparece en numerosos episodios del «caso Púnica» por sus conversaciones con el informático Alejandro de Pedro, creador de varios falsos diarios «online», uno de ellos en Majadahonda. En medios del PP se afirma que en el citado Comité, «Laura Nistal va a llevar todo el tema de comunicación, producción gráfica, audiovisuales y todas aquellas tareas q se engloben dentro de esta área de trabajo, que coordinará ella«. El caso Púnica afecta sobre todo al ex vicepresidente Francisco Granados, que ya ha cumplido ya 2 años de cárcel y se enfrenta a duras penas por este sumario. En el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, la concejala centrista Mercedes Pedreira, denunció que Granados sigue teniendo influencia en el consistorio y se le ha adjudicado un contrato a una vocal suya. Según hizo público la agencia Efe esta semana, «otras piezas del «caso Púnica» son las referidas a las empresas Eico y Madiva de reputación «online» en administraciones públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro». Según esta noticia, «el juez del caso Púnica trata de reducir a la mitad las 16 piezas del caso de corrupción municipal y regional que protagoniza el ex dirigente popular en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, quien ya ha sido condenado a dos años cárcel en relación con estos hechos, por beneficiarse del chivatazo por el que supo que le investigaban. De esas 16 piezas, de las que hay que descontar la del chivatazo a Granados -cuya condena esta semana ha confirmado el Supremo-, tanto el juez Manuel García Castellón como las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, pretenden que queden en 6 u 8, a lo sumo, han informado a Efe fuentes jurídicas».

AGENCIA EFE. El juez del caso Púnica trata de reducir a la mitad las 16 piezas del caso de corrupción municipal y regional que protagoniza el exdirigente popular en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, quien ya ha sido condenado a dos años cárcel en relación con estos hechos, por beneficiarse del chivatazo por el que supo que le investigaban. De esas 16 piezas, de las que hay que descontar la del chivatazo a Granados -cuya condena esta semana ha confirmado el Supremo-, tanto el juez Manuel García Castellón como las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, pretenden que queden en 6 u 8, a lo sumo, han informado a Efe fuentes jurídicas. En 2015, un año después de la detención de Granados en la operación Púnica, el entonces instructor de esta causa, Eloy Velasco, acordó dividir en doce piezas separadas la investigación para una tramitación más rápida y permitir el enjuiciamiento en aquellas piezas en las que hubiera finalizado la instrucción.

Entre las 16 piezas del caso también figura la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que están involucrados tanto su exconsejero Francisco Granados como su sucesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, investigado en el caso Lezo, que también instruye García Castellón. El arrepentido de la Púnica, David Marjaliza, exsocio de Granados, confesó que esta empresa recibió adjudicaciones a cambio de comisiones, que variaron entre los 500.000 y los 2.000 euros, a alcaldes de una decena de municipios madrileños, del PP y del PSOE.

Otras piezas son la referida a las empresas Eico y Madiva de reputación «online» en administraciones públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro y en la que están imputados los exconsejeros del PP Salvador Victoria y Lucía Figar, y otra sobre el Ayuntamiento de Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama. También están las piezas sobre Waiter Music, empresa dedicada a la organización de eventos vinculada a la red de corrupción, o la referida a la empresa pública Arpegio, en la que se investiga la gestión del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos. Está también muy avanzada, según las fuentes consultadas, la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez, algunos de cuyos ex directivos han terminado colaborando con la Justicia y aportando pruebas de los amaños en concursos públicos en ayuntamientos involucrados en esta trama de corrupción. Leer más.

«AVISO MAFIOSO» AL JUEZ CASTELLON: AGENCIA EFE. El juez García Castellón, instructor de casos tan delicados como el de Villarejo, Púnica o Lezo, recibió mayor protección a raíz de que una persona entrara en su casa sin forzar la puerta ni sustraer siquiera su ordenador, en un acto que se llegó a interpretar de «aviso mafioso». Hasta entonces solo había dispuesto de un coche con conductor y contravigilancia, ya que hasta este incidente, su seguridad no parecía seriamente comprometida hasta el punto de necesitar escolta. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, se ha quejado a la Policía de la súbita desaparición de la vigilancia que le fue asignada a raíz de que la semana pasada una persona sin identificar irrumpiera en su casa sin forzar la puerta, con un familiar dentro y saliera sin sustraer nada. A raíz de este incidente, ocurrido el martes de la semana pasada, el Ministerio del Interior acordó ponerle escolta. Una vigilancia que una semana después el juez ha dejado de tener y pide explicaciones por ello, cuando, además, sigue sin resolverse lo sucedido en su domicilio, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas y ha adelantado El Mundo. Leer más.