Dos dirigentes políticos de Majadahonda han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción de graves delitos: se trata de Ricardo Romero de Tejada (PP), ex alcalde de Majadahonda, y de María Enedina Álvarez (PSOE), a los que les piden 4 y 2 años respectivamente de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Esta acusación llega después de que el 23 de diciembre el juez instructor del caso, Fernando Andreu, diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las llamadas “tarjetas black” de Caja Madrid y Bankia. Andreu estimaba así «indicios fundados de criminalidad», ya que éstas «no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales». En su escrito de acusación, remitido este jueves a la Audiencia Nacional, Anticorrupción solicita a Ricardo Romero de Tejada la pena de cuatro años de prisión, multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas de multa e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria en ese tiempo. La sorpresa ha sido encontrar también a una dirigente socialista de Majadahonda: María Enedina Álvarez Gayol era vocal de la Ejecutiva del PSOE de Majadahonda (Madrid) y la Fiscalía le pide dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.
De Ricardo Romero de Tejada se sabían sus fechorías, pero no tanto de Enedina Álvarez Gayol, que fue diputada en el Congreso entre los años 1994 y 2000. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había ordenado que se investigase qué dirigentes socialistas figuraban entre los usuarios indebidos de las tarjetas para expulsarlos del partido y uno de ellos era Enedina (Asturias, 1944), aunque su nombre aún no había trascendido. “Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, fue comunista antes que socialista. Se casó con Adolfo Piñedo, uno de los más estrechos colaboradores de Santiago Carrillo. Tras el paso por el «carrillista» Partido de los Trabajadores de España, ambos terminaron integrándose en 1991 en la Federación Socialista Madrileña”, escribe el periodista Javier Chicote. “Vocal de la Ejecutiva del PSOE de Majadahonda (Madrid), su esposo, Adolfo Piñedo era miembro de la Ejecutiva del PSM. Tomás Gómez lo puso al frente del área de Ideas y Programas. Fue la Ejecutiva del PSM quien propuso en 2009 a Enedina Álvarez para el Consejo de Caja Madrid. La otrora comunista dio buena cuenta de la tarjeta «Business Oro»”, añade el periodista.
El diario “El País” da también su perfil: “María Enedina Álvarez: del Decathlon de Alcobendas al Media Markt de Majadahonda. Diputada del PSOE en el Congreso a mediados de los años noventa y esposa de Adolfo Piñedo, secretario de ideas y programas de la Ejecutiva del PSM, gastó 47.166,73 euros en sus dos ejercicios en Caja Madrid (2010-2012). Sus tres mayores gastos fueron de 3.438,28 euros con Viajes Barceló, 3.276,44 euros con Viajes Iberia y 1.952,17 euros en el PC City de Alcorcón. La exdiputada nacional dejó registrado en los extractos bancarios su recorrido por la periferia de Madrid: 1.015,35 euros en el Decathlon de Alcobendas, 924,80 en el Media Markt de Majadahonda (más de 1.500 en varias visitas), 79 euros en marroquinería y artículos de viaje en un outlet en San Sebastián de los Reyes. También figuran 1.326,50 euros en un Ikea en Murcia, en septiembre de 2011”.
Los otros 64 usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid se sentarán en el banquillo con penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, así como cuatro años y seis meses para el también expresidente de la entidad Rodrigo Rato por la emisión de las tarjetas opacas. Además, pide una indemnización de 9,3 millones para Blesa y otra de 2,6 millones a Rato.