Majadahonda vuelve a ocupar las portadas de la prensa española a causa de la pieza separada que desde este martes va a juzgar la Audiencia Nacional en el juicio por el «caso Gürtel». Una vista que se prolongará al menos hasta diciembre y por la que pasan varios políticos y empresarios de Majadahonda, a los que se les acusa de graves delitos y para los que se piden decenas de años de cárcel por haber «saqueado» el Ayuntamiento en el que eran alcaldes, concejales o simples vecinos. Estas son las principales referencias publicadas la víspera de este macrojuicio:
ABC (Luis P. Arechederra) El juicio a la trama Gürtel sienta en el banquillo por primera vez a Bárcenas. La Fiscalía pide 125 años de prisión para Correa, y al PP que devuelva 328.440 euros. La Audiencia Nacional juzga por primera vez por sus fechorías al extesorero del PP Luis Bárcenas, que estuvo en prisión preventiva un año y siete meses para que no entorpeciera la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 42 años y seis meses de cárcel por, entre otras cosas, ocultar en Suiza una fortuna de 48,2 millones de euros. El propio PP será enjuiciado como posible responsable civil: la Fiscalía pide que devuelva 328.440 euros que se ahorró en actos sufragados por la trama sin conocer el origen ilícito del dinero. Esta vista oral aborda la conocida como primera época de la trama: las supuestas irregularidades cometidas entre los años 1999 y 2005 en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y la ciudad de Madrid.
EL ESPAÑOL (Carlota Guindal). En el caso de Correa, a pesar de explicar que su intención es reparar a las víctimas, solicita que los fondos se depositen en la cuenta de consignaciones de la Sala. La diferencia se encuentra en que si Correa reparara el daño directamente a sus víctimas, es decir los ayuntamiento de Majadahonda, Estepona, Hacienda, la Comunidad de Madrid o Pozuelo de Alarcón, sí se entendería que está reparando el daño. Una vez se entregue a las víctimas, si finalmente queda absuelto, el dinero no puede recuperarlo. Pero si los fondos quedan en la cuenta de consignaciones del tribunal, en el hipotético caso que no fuera condenado, la Justicia debería proceder a la devolución del dinero. Aún así, para conseguir el beneplácito de la Sala, Correa afirma en su escrito que “la presente solicitud se realiza a favor de las entidades públicas que más adelante se detallarán y para su más pronta entrega a las mismas, como resarcimiento y reparación del daño reclamado”.
EL MUNDO: (Manuel Marraco y Marisa Recuero). Cronológicamente, la primera nulidad que podría plantearse afecta al nacimiento mismo del caso Gürtel. Entre 2006 y 2007, el ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas grabó a Correa y otros acusados describiendo -a menudo alardeando- del tinglado de comisiones y negocios que tenía montado. Peñas llevó las grabaciones a la Policía. Las defensas ya cuestionaron en la fase de instrucción la autenticidad de las cintas, sin lograrlo. Aun así, mantienen que no se puede acreditar su «autenticidad», que la cadena de custodia está rota y que no han sido adveradas por un juez. Añaden que también había grabaciones a policías, que fueron eliminadas antes de entregarse a la Fiscalía, y que el impulso de Interior a la investigación se basó en motivos políticos.
EL CONFIDENCIAL (Manuel Altozano). “Yo te he dicho a ti el dinero que he dado a Bárcenas 20 veces. Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día… vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa”. Quizá guiado por su fanfarronería o su arrogancia, por su prepotencia, el líder de la trama Gürtel —a la que la policía puso su apellido traducido al alemán— estaba cavando su propia tumba sin saberlo. La conversación en la que Francisco Correa, presunto cabecilla de la organización criminal, pronunció esas palabras se produjo en la cafetería del hotel Fénix de Madrid a mediados de 2007, y su interlocutor era José Luis Peñas, concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Peñas, que había sido testigo de maniobras corruptas en su municipio y habría participado en algunas de ellas, lo estaba grabando todo. Esa y otras muchísimas afirmaciones sobre manejos ilegales. Había aprovechado su cercanía a la esposa de Correa —jefa de gabinete de su alcalde, Guillermo Ortega— para acercarse íntimamente al jefe de todo. Con la paciencia de una hormiga, había estado registrando en múltiples encuentros sus conversaciones con él con la misma grabadora que, años antes, le había regalado el propio Correa. En total, 18 horas de grabaciones recogidas durante dos años que entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción.
CAPITAL MADRID (José Hervás): Comienza el Gólgota judicial del PP. El Partido Popular afronta esta semana una de las situaciones más críticas de su historia pues por primera vez en la historia, un partido político es obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. El PP, como persona jurídica, está considerado partícipe a título lucrativo de los beneficios que obtuvo de la trama en Pozuelo y Majadahonda. Los focos de la prensa mundial están centrados en las consecuencias políticas de un juicio que trasciende el ámbito jurídico en un momento en que España no puede soportar más tiempo sin un gobierno que deje de estar en funciones.
EL PLURAL: Para el juez Ruz, según el auto de formación antes citado, tras reproducir varias sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, “procede tener en condición de partícipes a título lucrativo al PARTIDO POPULAR, respecto de los delitos indiciariamente atribuidos a los imputados Jesús SEPÚLVEDA RECIO y Guillermo ORTEGA ALONSO, en cuanto al dinero en que dicha formación política se benefició al ahorrarse la financiación de campañas electorales en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda”. Recuerda Ruz el auto de 11.11.14 de la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, cuando que “En el supuesto de autos, existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales desplegadas en Pozuelo y Majadahonda”. El 23 de marzo del 2015 la cantidad total fijada como fianza que ascendía a 245.492 euros fue depositada por el PP con un aval del Banco Popular.
