EUROPA PRESS (Majadahonda). Este lunes está previsto que se ejecute el desalojo de 27 familias ‘okupas’ de las denominadas ‘Casas rojas’, en la localidad de Majadahonda. Uno de los vecinos explicó a Europa Press que se ha instalado un vallado alrededor de los dos bloques de las viviendas prohibiendo el estacionamiento de vehículos a partir de este domingo. Este portavoz ha dicho que están «muy preocupados» y «angustiados» ante el «inminente» desalojo, ya que no tienen a dónde ir, por lo que aún no han recogido sus enseres. «Creemos que se están violentando nuestros derechos constitucionales, los derechos de la mujer, además de los derechos del niño, al haber 20 menores. Entre los vecinos hay cinco que están en grave situación médica. Hay vecinos que están solos. No tenemos a dónde ir», ha resaltado. El desalojo se ha previsto a raíz de la diligencia de ordenación emitida por el por el Juzgado Número 5 de Majadahonda. En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, fija el lanzamiento del edificio, ubicado en la calle Neptuno 8, de Majadahonda, este lunes a las 10 horas. Los vecinos, según han detallado ellos mismos, viven en las casas desde hace 8 años. Por su parte, fuentes municipales han señalado a Europa Press que los edificios en cuestión «no están legalizados» al superar el número máximo de alturas fijado por el Plan de Urbanismo. En cuanto al lanzamiento, han asegurado que el Ayuntamiento «no tiene nada que ver con la misma», y que ha habido «otras dos órdenes de desalojo».

Público (Jairo Vargas): «Alrededor de 200 personas serán desalojadas este lunes de los dos bloques de viviendas que llevan ‘okupando’ más de ochos años en la localidad madrileña de Majadahonda. Se trata de 27 familias con unos 30 menores y varios enfermos graves que, según afirman, no tienen ninguna alternativa habitacional ni medios económicos para alquilar una vivienda a precio de mercado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad ordenó el desalojo de estas personas hace pocas semanas tras una denuncia de los dueños, herederos de un constructor fallecido que no cumplió con la normativa urbanística. Según explica el Ayuntamiento de la localidad, los bloques, conocidos como «las casas rojas», situados en la calle Neptuno 6 y 8, se empezaron a construir en plena burbuja del ladrillo, pero nunca se le concedió licencia de habitabilidad a las viviendas por sobrepasar el número máximo de alturas que dicta el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Nunca pudieron ponerse a la venta y quedaron vacías».

«Llevamos instalados aquí ocho años», asegura Diego Fernández, uno de los primeros okupas. Ha vivido en Majadahonda 17 años y tiene nacionalidad peruana y española. Vive en una de estas viviendas con su mujer, sus dos hijas y una nieta, y relata que, tras varios años en la localidad, se quedó sin posibilidad de hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler. «Me enteré de que estas casas estaban vacías y me instalé aquí con mi familia», afirma por teléfono. Cuando llegó, el bloque estaba ocupado por «gitanos y yonkis», pero poco a poco fue «metiendo en las casas a conocidos y familias que estaban en mi situación, con problemas económicos o desahuciados», explica. «Las llaves estaban aquí», recuerda. Limpiaron las viviendas, pintaron las pareces, arreglaron puertas y ventanas y así fue creciendo lo que denomina como «una comunidad de vecinos organizada», aunque no tiene electricidad y recogen agua potable de las fuentes municipales. «Hay de todo: españoles, latinos, gente normal que no tiene trabajo o que hace chapuzas», relata, mientras hace hincapié en que, si no se paraliza el desalojo, 30 menores y varios enfermos graves (uno de ellos sufre un tumor cerebral, otro, leucemia) se quedarán en la calle. «Nunca hemos tenido problemas con los vecinos ni con nadie de aquí», remacha, y niega los rumores que aseguran que se está haciendo negocio con la gente que ha ido llegando a los bloques».

Situación de «emergencia social»: «Afirma que ha tenido tres intentos de desalojo por parte del Ayuntamiento, aunque en esta ocasión, la denuncia viene por parte de los propietarios, con los que han intentado contactar sin éxito para «llegar a un acuerdo y negociar un alquiler social». «No tenemos otro sitio al que ir. Si nos sacan nos iremos a la calle. Es una situación de emergencia social y ni el Ayuntamiento ni Servicios sociales dan una solución», explica. Desde el consistorio aseguran la orden la ha dictado un juez a instancias del propietario y que su prioridad es «atender lo mejor posible a los menores», pero descarta que se vayan a dar viviendas sociales a estas familias porque no son las únicas de la localidad que las han solicitado».