El “Complemento Específico de ocho puestos de Técnico de Gestión” que discutió el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda afloró una terrible realidad: 35 años después de haberse constituido los ayuntamientos democráticos en España, en la mayoría de ellos –y Majadahonda no es una excepción– no existe una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con sus nombres, funciones y retribuciones, para que el ciudadano que los sufraga pueda al menos saber en qué se gasta su dinero y sus impuestos. Mientras que ya los sueldos y dietas de los alcaldes y concejales son públicos, la transparencia no ha llegado a los funcionarios. Y la subida de 1.293 euros mensuales (12 mensualidades) hasta los 15.525 euros anuales emergió esta realidad, aunque los beneficiarios del “subidón” siguen siendo opacos.

Alfonso Reina (Cs) anticipó que en el mes de septiembre su grupo presentará una moción para que Majadahonda sepa cuantos funcionarios tiene, quienes son, qué hacen y cuanto cobran. Es la célebre RPT. Elisa Piñana (PSOE) votó a favor de la subida que proponía el PP, aunque vaticinó que produciría “agravios” en otros funcionarios. Alberto Moreno (Somos MJD) la rechazó con un “no” pero “coincidiendo al 100% con los argumentos de Ciudadanos” de “por qué a ellos y no a otros”. Juancho Santana (IU) tachó la medida de “parche” y vaticinó que “con las nuevas minorías mayoritarias” o “las nuevas mayorías” la moción de Ciudadanos iba a desvelar situaciones laborales desconocidas. Mercedes Pedreira (Centristas) tampoco apoyó la subida uniforme a los 8 porque “dudo que las funciones de los 8 funcionarios sean iguales”.

El concejal Manuel Ortiz (PP) reveló que de los 8 beneficiados por la espectacular subida de sueldo “6 son funcionarios y 2 no” y aseguró que un informe externo valida la legalidad y necesidad de tal aumento de sueldo. Mercedes Pedreira (Centristas) cuestionó el citado informe porque algunas de sus conclusiones, por su simpleza, “las podría redactar mi nieto de 9 años”, al tiempo que reprochó su coste de dinero público: otros 3.000 euros. A las críticas se sumó Elisa Piñana (PSOE) porque el informe “es un corta y pega que se ha entregado el mismo a todos los ayuntamientos que lo pagaron por separado”. Finalmente la subida se aprobó con los votos de PP, Cs y PSOE (20), la abstención de IU y el voto en contra de Somos MJD y Centristas. Pero eso sí, todos anunciaron que velarán armas para “el gran debate” de septiembre sobre la RPT.