EUROPA PRESS. La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado este lunes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que la red corrupta encabezada por el empresario Francisco Correa utilizó el Ayuntamiento de Majadahonda para «financiar» y «ahorrarle costes» al PP. Así lo ha dicho la fiscal Concepción Sabadell durante su exposición del informe de conclusiones en el que ha destacado que la trama Gürtel era «una actividad duradera para delinquir», un «modo de vida», para apropiarse de fondos públicos a través de mantener el contacto con algunos cargos públicos del PP y el pago de comisiones de un «3% o 4%». La pieza separada relativa a los primeros años de la Gürtel se divide en las actividades realizadas en las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, así como en los ayuntamientos de Estepona (Málaga), Majadahonda, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la capital de España. Precisamente, sobre el ayuntamiento de Majadahonda ha dicho que el grueso de los acusados relacionados con este consistorio «parasita, se infiltra, controla la gestión y elimina órganos de control» con la «intención de lucrarse ilícitamente» durante la etapa de Guillermo Ortega –para el que se piden 50 años y 4 meses de prisión– como alcalde entre 2001 y 2005. Ha subrayado que el negocio entablado entre el ayuntamiento y la trama liderada por Correa sirve para «financiar a un partido político y ahorrarle costes al PP».
Carmen Rodríguez Quijano «La Barbie»: 5 contratos amañados en Majadahonda
En este sentido, ha explicado que los acusados que miembros del Gabinete del consistorio –Ortega; la ex mujer del ‘cabecilla’ de la red corrupta, Carmen Rodríguez Quijano; y los ex concejales y denunciantes del caso José Luis Peñas y Juan José Moreno– y los que dirigentes de las empresas de la Gürtel –como el propio Correa; su ‘número dos’, el ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo; o la administradora Isabel Jordán– decidieron conjuntamente «qué», «cómo» y «el precio» a contratar. La fiscal Concepción Sabadell ha constatado que todos ellos acordaron «un sobreprecio que no beneficia al ayuntamiento, sino a los propios acusados y al PP», pues los contratos públicos se adjudican directamente a las empresas de Correa a cambio de comisiones para enriquecerse y apropiarse de fondos».
Felisa Isabel Jordán
«Pone a disposición sus funciones» con el fin de «delinquir», ha subrayado Anticorrupción sobre los miembros del Gabinete. Anticorrupción subrayaba en su escrito provisional de conclusiones, que elevó a definitivas el pasado 9 de octubre, que la trama sufragó actos del PP, así como la comunicación y publicidad relacionada con la actividad de los responsables públicos de este consistorio. Entre los contratos que se han analizado durante este procedimiento se encuentran el contrato de obras del Salón de Plenos del ayuntamiento, la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano, los contratos de la campaña informativa ‘Infoeuro’, un manual de identidad corporativa o el precio del concurso sobre el décimo aniversario de la Empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA).
Un regalo para Willy Ortega: Jaguar S-Type
Por último, ha destacado que la ex mujer de Correa –para la que solicita 35 años y siete meses de prisión– no se encuentra acusada por su condición marital, sino por sus «propias actuaciones en el Ayuntamiento de Majadahonda» y que no da credibilidad a que los regalos que hizo el empresario al ex alcalde –como relojes o un coche de alta gama de la marca Jaguar– se enmarcasen dentro de la amistad entre ambos: «La supuesta relación de amistad sólo se extiende cuando Ortega es alcalde y cesan cuando deja de serlo y justo se liquida una deuda«, ha subrayado. La sesión se reanudar este martes a las 10.00 horas con la continuación de la exposición del informe final de la Fiscalía. Tras acabar con el apartado relacionado con este ayuntamiento madrileño, comenzará a explicar sus conclusiones sobre Castilla y León, en el que aparece el ex tesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, para el que inicialmente pedía 42 años y medio de prisión, pero ha rebajado su solicitud tres años al eliminar de su acusación un delito fiscal.
