El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid con fecha 19 de marzo de 2025 condena otra vez al Ayuntamiento de Majadahonda tras considerar nulas de pleno derecho 4 liquidaciones de plusvalía municipal. El tribunal «ordena la devolución de lo indebidamente ingresado que asciende a la cantidad de 1.014,41 euros a cada uno de los recurrentes, más los intereses del artículo 32 de la Ley General Tributaria desde su ingreso hasta que se proceda a su devolución».

MANU RAMOS. El cobro indebido de las plusvalías municipales en Majadahonda vuelve a estar de actualidad. El abogado del despacho Afeplus, Carlos Rivero, que tiene como clientes a varios vecinos de Majadahonda, ha dado a conocer a MJD Magazin una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid con fecha 19 de marzo de 2025 que condena otra vez al Ayuntamiento de Majadahonda tras considerar nulas de pleno derecho 4 liquidaciones de plusvalía municipal. El tribunal «ordena la devolución de lo indebidamente ingresado que asciende a la cantidad de 1.014,41 euros a cada uno de los recurrentes, más los intereses del artículo 32 de la Ley General Tributaria desde su ingreso hasta que se proceda a su devolución». Sin embargo, el Equipo de Gobierno del Partido Popular (PP), que gobierna el municipio con mayoría absoluta, se niega a realizar las devoluciones de dinero y en un caso similar por una sentencia del juzgado número 9 de lo contencioso administrativo de Madrid que obligaba a devolver al Ayuntamiento de Majadahonda 11.000 euros a un contribuyente por cobro indebido de la plusvalía municipal, en lugar de reintegrar el dinero lo que hizo fue recurrir la sentencia. El letrado Carlos Rivero ha declarado que «se ha vuelto a condenar al Ayuntamiento de Majadahonda por cobrar el impuesto de la plusvalía municipal tras la venta a pérdidas de un inmueble y por ello todos los vecinos de Majadahonda que perdieron dinero con la venta de su vivienda deben recurrir el impuesto. Además, la prescripción del plazo de 4 años no debería operar sobre las liquidaciones que son reconocidas nulas de pleno derecho, ya que en caso de ser aplicada dicha prescripción, el Ayuntamiento quedaría inmune y el contribuyente no vería reparado el daño causado. Por último señalar que la prescripción de los 4 años, la cual no comparto porque no existe una regulación expresa por parte de la normativa vigente, debería operar desde la fecha del reconocimiento de la nulidad del acto administrativo y no desde la fecha del ingreso». leer más…