AGENCIA EFE. El abogado Marcos Molinero ha declarado en el juicio del caso Gürtel que este episodio de corrupción es una «fábula» gestada por intereses políticos del jefe de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, «fábula» que asumieron el ex juez Baltasar Garzón y la Fiscalía. El letrado ha pedido la absolución de Pedro Rodríguez Pendás, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión por dar supuestamente instrucciones en la Comunidad de Madrid para contratar a empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, cuando su cliente era asesor del también acusado Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y ex consejero de Deportes. Marcos Molinero ha estimado que no hay pruebas de tales acusaciones y ha mantenido que Manuel Morocho maquinó con el acusado José Luis Peñas, el ex concejal de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso con sus grabaciones, este procedimiento que denominaron Gürtel (Correa en alemán). Ha añadido además que idearon «una fábula» que fue «asumida por la Fiscalía» y para la que utilizaron al ex juez Baltasar Garzón, al que llegó el caso tras ser «quebrantadas» las normas de reparto de la Audiencia Nacional, según el letrado.

El abogado cree que hay que cuestionar la imparcialidad de Manuel Morocho, como a su juicio se ha demostrado en su intervención en la comisión de investigación por la presunta financiación irregular del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados. Manuel Morocho aseguró en la Cámara Baja que existen «indicios» de que la estructura del PP «respondía al perfil de una organización delictiva» por sus operaciones en la trama Gürtel. Molinero ha recordado que Baltasar Garzón, que como instructor actuó como «correa de transmisión dando apariencia de validez a esta fábula», fue condenado -y apartado de la carrera judicial- por prevaricación al autorizar en esta causa unas escuchas de conversaciones de acusados con abogados en la prisión de Soto del Real (Madrid). Antes de comenzar su informe, el letrado ha pedido a la Sala que «por respeto y coherencia» requiriera que estuvieran presentes algunas de las dos fiscales que han intervenido en esta vista durante más de un año, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

En ese momento le ha interrumpido el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para decirle que «el Ministerio Fiscal es uno para todo el país y la persona que lo represente en concreto es indiferente«, ante lo que el letrado ha manifestado su protesta. Ya durante su informe, el letrado ha insistido en que «es una cuestión de respeto, cortesía y educación jurídica que estén las fiscales que han dirigidos todos estos años las acusaciones» de esta pieza del caso, la denominada primera época de Gürtel, correspondiente a hechos de 1999 a 2005. El magistrado le ha vuelto a interrumpir para decirle que estaba permitiéndole demasiadas alusiones a las fiscales que no han podido acudir cuando los letrados de las defensas han asistido cuando han querido y le ha instando a entrar en el fondo del asunto. «Ya no es un problema del derecho a la defensa, ha sido un problema de trato total y absolutamente displicente y altivo por parte de la Fiscalía a los letrados de la defensa«, ha mantenido Marcos Molinero. Por ello, «al amparo del artículo 41 del Estatuto General de la Abogacía y 522.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», ha pedido a la letrada de la Administración de Justicia que se abra «el correspondiente expediente de tutela por el ataque directo» a su independencia «y a la de todos los letrados de la defensa por parte de las representantes del Ministerio Fiscal».

Por otra parte ha pedido la nulidad de las grabaciones efectuadas por el acusado José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) cuya denuncia destapó el caso, «al vulnerar derechos como el de intimidad». Igualmente, el abogado Jaime González Gugel ha solicitado la absolución por falta de pruebas de Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, para quien la Fiscalía pide seis años y seis meses de cárcel al mantener que figuraba como apoderada en una cuenta de su marido en Suiza y apreciar supuesto blanqueo de capitales. El letrado ha señalado que «aquí no se trata de un caso más de señora rubia y guapa que no se enteraba de lo que hacía su marido» pues «ha justificado» la legalidad del dinero ingresado por «su capacidad económica de generar un patrimonio de 450.000 euros por las empresas familiares que le reportaron pingües beneficios, además de la compraventa de inmuebles».

Fuente: La Vanguardia

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