El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha reconocido que las denuncias que el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Majadahonda (CPPM) ha formulado sobre la «desidia, despilfarro, autobombo y mala gestión» del concejal de Seguridad, Manuel Ortiz (PP), «son ciertas» y en efecto el pliego de condiciones de la contrata pública que supervisaba el mantenimiento de las cámaras de seguridad que vigilan toda la ciudad «ha caducado». CPPM denunció en un comunicado esta situación, que suponía el dispendio de 108.000 euros de inversión de dinero público y aseguraba además que el edil no iba a trabajar con asiduidad a pie de obra porque ni siquiera tenía el despacho en el centro de operaciones policial. Foxá se interesó por la denuncia cuando afloró a la prensa y tras recabar informes de diversas fuentes descubrió que en efecto las cámaras no funcionaban porque al parecer carecían de un «conversor» que «las hacía inoperativas» y que suministraba la empresa que había ganado el concurso público. El problema era que esa sociedad «había quebrado». Como el concejal Ortiz llevaba meses sin encontrar el repuesto o no le habían informado, había dejado la situación «en espera» hasta que se «pudriera», pero CPPM, harto ya de la ineficacia, lo desveló. Cuando descubrió el desaguisado por la denuncia de CPPM en la prensa, el alcalde tomó cartas en el asunto y se comprometió a que se arreglaría «en breve». Al CPPM le ha sorprendido que ningún partido político de la Oposición se haya hecho eco de la denuncia, en una muestra más del conocido «pacto de silencio» que han suscrito los partidos para «taparse» los asuntos controvertidos unos a otros.
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