Redacción

MANU RAMOS. «Más allá de los documentos presentados, facturas presuntamente modificadas, no se aporta ningún indicio de la desviación monetaria, ni se acredita de modo alguno que pudiera haber existido el fondo al que hacía mención. A ello debe sumarse que no ha aportado ningún indicio que permita advertir gastos o desembolsos que se hubieran podido realizar con cargo a este referido “fondo”, ni se identifica qué actos, qué personas o entidades pudieran haber recibido contraprestaciones con cargo a este “fondo”, ni se justifica su existencia, siquiera indiciariamente, de ninguna manera. Llama la atención que las facturas que se presentan se traten de documentos que provienen de su correo electrónico, por lo que se trataría de archivos de los que ya disponía en el momento en que el Sr. Ortega presentó su primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y cuando declaró ante este magistrado el pasado 9 de julio de 2020». Con estas palabras, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pone en «tela de juicio» las nuevas denuncias del ex alcalde del PP en Majadahonda, Guillermo Ortega, conocido como «Willy«, con las que pretende que le den la libertad condicional y acogerse al estatus de «arrepentido». La noticia la publican los periodistas José María Olmo y Beatriz Parera en «El Confidencial» y añaden que estas denuncias sobre corrupción en el Mercado de Puerta de Toledo, donde lo colocó Esperanza Aguirre al sacarlo de Majadahonda, solo dan una «pista»: «pese a criticar que Ortega haya esperado meses para entregar esta documentación y a advertir que es necesario cotejar los documentos con las cuentas de la empresa para comprobar su versión, el juez considera que los hechos que refiere «suponen un salto considerable» respecto a los investigados en otras piezas, ya que consistirían en una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo». El auto advierte que Ortega parte de unas circunstancias personales que afectan a su credibilidad, ya que se trata de una persona condenada que denuncia hechos que le incriminan», valoran los periodistas, que revelan como el magistrado «también avisa de que la documentación presentada «por el momento» tan solo apunta a la existencia de indicios de la presunta comisión de un delito de falsedad documental, delito ya prescrito».

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