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DARÍO BUSTILLO. Quería contar la historia de mi bisabuelo, Atanasio Millán “El Peritela”, que vivió en Majadahonda en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, y aun siendo antepasado mío, realmente no puedo sentirme demasiado orgulloso de él por la peculiaridad de su leyenda, un tanto violenta. Así narraba mi padre, Crescencio Bustillo, su historia familiar en la segunda parte de sus Memorias (cuya aparición tendrá lugar en breve en MJD Magazin) dentro de los capítulos dedicados a la familia: EL PERITELA (por Crescencio Bustillo): “Explicar la historia de mi abuelo, Atanasio Millán alias “El Peritela”, sí que lo merece, porque guarda una larga y extensa leyenda. Contaban de él que era bajito pero muy arrogante, egocéntrico, soberbio, dictador, camorrista y vengativo, que no olvidaba una ofensa por muchos años que pasaran… Parece ser que en sus años mozos estuvo locamente enamorado de una tal Manuela Labrandero, proveniente de las familias más ricas del pueblo, hasta el punto que estaban comprometidos en matrimonio.






MANU RAMOS. El joven de 23 años J.A.F., conocido como «Lupín» y leonés de origen (concretamente de Ponferrada), llegó a residir en chalés y pisos de lujo en Majadahonda y Las Rozas pero su método de estafa por internet no tiene nada que ver ni se aprovechó aparentemente de la filtración masiva de datos personales que tuvo lugar la pasada legislatura en Majadahonda a cargo del grupo municipal Somos, antes de su escisión de Podemos. Aquel caso, conocido como «los Archivos del Pentágono«, afectó al menos a 4.269 majariegos y los expertos informáticos consultados entonces vaticinaron que si ese enorme caudal de datos personales hubiese caído en manos de delincuentes cibernéticos, las estafas se iban a producir entre 1 y 2 años después. El motivo de tal pronóstico se debía a que dada la alarma social que originó el caso, la policía estaba entonces tras la pista de ese tráfico de datos y su uso hubiese «cantado» demasiado. El caso también fue denunciado a la Agencia de Protección de Datos pero esta eximió al grupo político de responsabilidad penal o económica, toda vez que solo «castiga» a entidades privadas, según la peculiar legislación que elaboraron los políticos del Congreso. Se dirimió entonces que un partido era una entidad «pública» y no «privada» y de ahí que sorteara la multa de hasta 600.000 euros que castiga negligencias de este calibre.