Varias entidades de Majadahonda han remitido a MJD Magazin sus comunicados oficiales de prensa, que reproducimos a continuación: la Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda informa que el pasado 2 de octubre «ha enviado un escrito al director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el que denuncia la situación de abandono del entorno del Centro de Salud del Valle de la Oliva y le insta a que tome las medidas oportunas para limpiarlo a la mayor brevedad posible. El Centro de Salud “Valle de la Oliva” está situado en una parcela de 10.000 metros cuadrados, con aparcamiento y jardines, entre las calles Enrique Granados y Joaquín Turina de Majadahonda. Desde hace bastantes años el abandono en el que se encuentra dicha parcela es total. En ella se pueden encontrar montones de escombros, tuberías de riego rotas, maleza que se extiende hasta las paredes del centro de salud, arbolado seco, numerosas farolas y excrementos de perros y suciedad por todas partes. En repetidas ocasiones, la Asociación de Vecinos ha denunciado la situación en el pleno del Ayuntamiento sin que el equipo de gobierno municipal del PP haya tomado ninguna medida, alegando que la propietaria de la parcela es la Comunidad de Madrid. El vertido de escombros en los alrededores de nuestra ciudad es bastante frecuente, sin que el Ayuntamiento haga nada para evitarlo; pero el problema es más grave cuando los escombros y la suciedad los tenemos al lado de uno de nuestros centros de salud al que diariamente acuden numerosos vecinos/as de nuestra ciudad», concluye la Asociación de Vecinos.


Izquierda Unida: «En Majadahonda, y en otros municipios, se han venido instalando sin autorización municipal contenedores para la recogida de ropa y calzado usados que son gestionados por empresas privadas con ánimo de lucro, que no pagan tasa alguna por la ocupación del espacio público, y que engañan a los vecinos y vecinas que pueden pensar que desempeñan una función humanitaria. Diversas investigaciones periodísticas sobre la “Trama Púnica” que se había apoderado de la gestión de ropa usada en varios municipios, muestran que tras la recogida y gestión de la ropa usada existe un multimillonario negocio en un contexto de descontrol y opacidad. Ya en el mes de febrero de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda aprobó por unanimidad una moción presentada por IU para que la recogida de ropa usada fuera gestionada por una organización de acción social. La moción pretendía poner coto a la instalación no autorizada de contenedores de recogida de ropa por parte de entidades desconocidas. Como tantas otras mociones aprobadas por el Pleno, no se cumplió e incluso intentaron incluirlo directamente y sin concurso en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos y fue paralizado en el mismo año 2013 gracias a los recursos de distintos grupos municipales (entre ellos IU), por lo que sigue sin regularse la recogida de ropa y de calzado de segunda mano, pues ni siquiera en el Punto Limpio se recogen este tipo de residuos, por lo que los vecinos y vecinas acaban tirándolos frecuentemente en los buzones convencionales».

«En el pasado pleno del mes de septiembre se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por IU para que se retiren del municipio todos aquellos contenedores de ropa y calzado que no tengan autorización y se sancione a las empresas responsables; para que los servicios técnicos estudien la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma la gestión directa de ese servicio y, en el caso de que no sea posible, se adjudique a entidades de acción social; para que los beneficios que obtenga el Ayuntamiento de esta actividad se destinen a políticas de cooperación y a políticas sociales; y además para que el Ayuntamiento informe a los vecinos sobre el destino de la ropa y del calzado, sobre la cantidad destinada a políticas de cooperación y solidaridad, y la reservada para reciclaje. “Una vez más se aprueba por unanimidad una moción que pretende regular la recogida y reciclaje de la ropa usada. Es importante que el Ayuntamiento asuma la gestión directa de este servicio, que mueve mucho dinero aprovechándose de la solidaridad, para que redunde realmente en políticas sociales y de cooperación que tanta falta hacen en este municipio” ha señalado Juancho Santana, portavoz de IU».

Talleres de deberes (Ayuntamiento): «El pasado 2 de octubre se reinició el “Taller de Deberes” en los ocho colegios públicos de nuestra localidad con el objetivo de ofrecer a los alumnos de Majadahonda refuerzo y orientación en sus actividades. El programa está diseñado para que los profesores del taller, en coordinación con los tutores de aula, creen las condiciones socioemocionales necesarias para que los niños y niñas puedan, mediante un paso a paso individualizado, completar su aprendizaje de cada día en un ambiente calmado y positivo. El proyecto atendió el curso pasado a 110 escolares gracias a 12 talleres y este año se ofrecen 13 talleres y 130 plazas», detalla el consistorio en su comunicado.

La Policía inicia una campaña de apoyo a personas con tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (Ayuntamiento). «La Policía Local de Majadahonda ha puesto en marcha este mes de octubre una campaña intensiva de vigilancia de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad que incluye también el control de las tarjetas que habilitan a los conductores a las correspondientes facilidades para esta reserva de estacionamiento. De esta manera se pretende evitar un uso fraudulento de las mismas como falsificaciones, uso del documento de un usuario fallecido o aparcamiento con la misma cuando la persona titular no se encuentra en el interior del vehículo. Por estos motivos, los agentes ya han retirado quince tarjetas de estacionamiento. El objetivo general de esta iniciativa municipal es fomentar el respeto a las personas con discapacidad y favorecer a quienes tienen autorización en regla para que puedan utilizar estas reservas de espacio, que en algunos casos supone el 10% del total de las plazas disponibles. Las sanciones para este tipo de actuaciones son de 200 euros e implican la retirada del documento. Además, en los casos más graves, las personas que hacen uso fraudulento pueden ser acusadas de falsificación en documento público».

 

Majadahonda Magazin