JULIA BACHILLER. Aunque la contrata municipal está vencida en plazo y consecuentemente caducada, el Servicio de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Majadahonda, más conocido como “Zona Azul”, a día de hoy, 20 de marzo de 2023, continúa ejerciendo su cometido de sancionar a los vehículos que estacionen en dicha zona, bien por no haber abonado el correspondiente ticket del estacionamiento o por haber excedido el tiempo del mismo. A diario son numerosos los vecinos y visitantes que introducen sus monedas en los parquímetros para evitar ser sancionados y que aparezca impresa sobre el parabrisas de su vehículo dicha sanción. La multa de 50 € se indica que es ”anulable en el expendedor por el importe de 9 €”, dinero que hace suponer una elevada recaudación diaria por parte de la empresa que está realizando este cometido. Sin embargo, también se da el caso de los vecinos que conocen la situación actual en que se encuentra la relación entre la empresa que realiza este servicio y el Ayuntamiento: «fuera de servicio«. Por dicha razón, algunos conductores de Majadahonda que conocen este «desaguisado» en la gestión, se arriesgan y no realizan dicho pago en las máquinas expendedoras, acumulando sanciones, pero sin que estas a día de hoy hayan sido notificadas a su domicilio, bien para ser recurridas o abonadas siguiendo el procedimiento administrativo sancionador.

Con el paso del tiempo, esta situación de incertidumbre municipal en la gestión del Equipo de Gobierno PP-Vox está atemorizando a los usuarios de este servicio. Numerosos usuarios de la zona azul están trasladando a MJD Magazin sus dudas sobre de si estarán cometiendo una grave infracción al acumular estas sanciones, así como por el perjuicio que esto les pueda ocasionar económicamente. O si, por el contrario, el «limbo administrativo» en que se encuentra la concesión del servicio al haber caducado el contrato, impide al Ayuntamiento cobrar las multas, al ser considerado un acto «ilegal» que podría ser incluso calificado como «presunta prevaricación». A continuación esperamos despejar esas dudas explicando desde el principio hasta el día de hoy en qué estado se encuentra el contrato con la concesionaria de este servicio de estacionamiento regulado.

1-El 15 de abril de 2022 venció el contrato del servicio de estacionamiento regulado que la empresa Dornier tiene con el Ayuntamiento de Majadahonda. 2-En julio de 2022, la concejal responsable de este contrato, Marina Pont (PP), como delegada del área de Movilidad y Transporte, hace pública su licitación. En agosto finaliza la fecha de la presentación de ofertas, en total son 8 las empresas que en un principio se presentan a esta convocatoria presentando su oferta, entre las cuales está la empresa Dornier. Dicha empresa, al no salir como adjudicataria en esta ocasión, con  fecha 18 de enero de 2023 presenta un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 3-La apelación es rechazada días después, el 26 de enero de 2023. A día de hoy, dicho contrato –con las demoras suscitadas por su licitación y que suelen ser las habituales en dichos procedimientos– no figura «formalizado» en la Plataforma de Contratación del Estado, de lo que se deduce que se está ejecutando un servicio por parte de dicha empresa sin la base de un contrato. Y de igual manera se está sancionando sin el amparo del mismo.

En el ámbito político ante esta situación el Grupo Municipal Ciudadanos presentó en el pleno del pasado 29 de septiembre (2022) una moción en la que solicitaba la suspensión “inmediata» del Servicio de Estacionamiento Regulado, la cual fue aprobada con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE, y la abstención de PP y Vox. En el debate de dicha moción, el portavoz de Vox, José Rodríguez, admitió que “la situación es grave y lo sabemos. Somos conscientes desde junio de este año (2022) de un informe de Intervención Municipal que al recibir las facturas dice que había habido una omisión de Intervención, Y efectivamente defiende que el servicio debería ser interrumpido inmediatamente por ser nulo de pleno derecho”. De dichas palabras se deduce que el informe del interventor, fechado hace ya más de 8 meses, –como confirma el concejal de Vox en su intervención– no ha sido tomado en consideración, ya que las máquinas expendedoras están en uso y continúan las sanciones. 

OPINION. La zona azul de Majadahonda está en el «limbo» burocrático de la gestión municipal de la coalición PP-Vox pero veremos si las consecuencias que esto pueda ocasionar las pagaremos como siempre los vecinos o las asumirá la concejal responsable, Marina Pont (PP), el propio alcalde o incluso su socio de gobierno Vox. Lo cierto es que el tiempo transcurre y el Ayuntamiento no se ha tomado la «molestia» de informar a los vecinos en ningún momento, ni tampoco ha actuado siguiendo las recomendaciones del Interventor: suspender el servicio. Una vez más, ellos dictan las normas y las consecuencias las paga el vecindario que dirigen. Esperemos que este recordatorio de abandono ante una situación grave, como reconocía el concejal de Vox, surta los efectos oportunos.