EDITORIAL. Los partidos políticos de Majadahonda (y en esto no se exime ninguno de los 4 que actualmente tienen representación municipal) han adquirido la insana costumbre de «judicializar» la actividad partidaria, incrementando el trabajo de los jueces al llevar sus disputas ideológicas a los tribunales con los denominados «pleitos políticos por imagen«, muy conocidos ya por los periodistas. Lo hizo el PSOE primero, también Ciudadanos (Cs), posteriormente el PP (que pagó con fondos públicos municipales un pleito contra un periodista del que pronto se sabrá el resultado) y ahora Vox, que se ha lanzado por medio de un abogado afín a esta práctica que anteriormente también practicó contra otro medio de comunicación. No es ocioso recordar que nuestro ordenamiento jurídico permite estas acciones en un Estado de Derecho pero no lo es menos indicar que ya existe la figura de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento, puesto arbitral obtenido por oposición y que es el garante de la legalidad de las acciones que se desarrollan en la corporación. Ella es la encargada de acudir a los tribunales o fiscales si percibe o es advertida de alguna irregularidad o anomalía en el desempeño de las funciones del alcalde, concejales o funcionarios.

Judicializar la política no conduce a nada, origina un enorme gasto al erario público -en tiempo y dinero para poner en marcha la costosa y garantista maquinaria judicial- y en la inmensa mayoría de las ocasiones es un gasto inútil que sufraga el propio contribuyente: en España los partidos políticos con representación están subvencionados. Estos «pleitos políticos por imagen» terminan casi siempre en fracaso y sobre su resultado no se piden luego responsabilidades. Las disputas políticas se han de dirimir en los parlamentos, asambleas y plenos municipales, que para eso están, por lo que estos «pleitos por imagen» lo que pretenden es diferir las propias responsabilidades o capacidades a un órgano externo de control como es el Poder Judicial, que solo debería actuar en casos muy graves de anomalías democráticas o flagrante corrupción. Es voluntad de este medio de comunicación velar por esta circunstancia y al menos informar sobre aquellos politicos que pierdan sus pleitos contra los que creen sus adversarios para que paguen políticamente por ello ante la opinión pública, suprema soberana que sufraga sus salarios y decide a sus representantes.

Siempre habrá abogados dispuestos a pleitear -y consecuentemente cobrar– contra el «otro», sin que nadie les pida cuentas luego si pierden la disputa, ocasionando un daño reputacional al demandante que queda en evidencia y a veces en ridículo. Sin embargo, el sentido de la responsabilidad de los propios políticos debe prevalecer por encima de estas pantanosas inercias partidistas y asamblearias. La democracia se inventó para dirimir enfrentamientos o visiones encontradas y ha tenido que ser el prestigioso magistrado del Tribunal Supremo, Xavier O’Callaghan, entrevistado por MJD Magazin, el que señale que es «impropio de un país civilizado encarcelar a los oponentes políticos». Detrás de cada «pleito político por imagen» se esconde ese explícito y tribal deseo de «venganza» cuando los argumentos no convencen. Por eso hay una socarrona frase muy repetida en la alta política que recomienda que a los plenos hay que venir ya «llorado», «desahogado», «desenfadado» y a ser posible, «sereno». Estos pleitos de baja estopa forzados más por la incapacidad y la inutilidad que por la razón, deben acabarse más pronto que tarde. Y si alguien persiste en ellos y los pierde, se debería forzar a los responsables de este matonismo judicial (pues solo busca infructuosamente amedrentar a sus oponentes) a que los paguen de su propio bolsillo.