Corrupción en el Canal de Isabel II de Majadahonda: tres funcionarios sancionados

La estación de tratamiento de agua potable del Canal de Isabel II en Majadahonda ha sido objeto de corrupción administrativa que será investigada este martes en la Asamblea de Madrid. Y no por poco dinero precisamente. “El Canal pagó 1,5 millones por una ingeniería que no se ejecutó. Se abonaron más metros de canalización de los instalados y más metros cúbicos excavados porque nadie comprobó las mediciones de la empresa”. La connivencia entre la privada JOCA y la pública INNCIVE saltaba a la vista pero incluso dos tribunales extremeños, región donde está ubicada la primera, le dieron la razón, por lo que se han pedido las sentencias para mirar con lupa a los jueces y averiguar qué pasó. Fue otra heroica funcionaria, Belén Benito, quien descubrió el pastel y lo denunció. Tres funcionarios, uno de ellos ingeniero, han sido expulsados o sancionados: el director de la obra, Manuel Jiménez Torrico, que ha sido trasladado a Brasil a una filial pero compensado por sus méritos, la jefa de división, Esther Rica, y Juan Alonso, jefe del departamento de construcción, solo sancionados por 3 meses. El asunto resulta extraño: un homónimo del funcionario corrupto, llamado también Manuel Jiménez Torrico, es boliviano, figura como presidente de la Federación de Entidades Bolivianas de Cataluña (FEDEBOL) y en «El Periódico Latino» ha llegado a reclamar un plan de regularización para los bolivianos que están sin papeles en España. En septiembre de 2015, JOCA ganó un contrato por 537 millones de dólares para participar en un proyecto de tren metropolitano en Cochabamba (Bolivia), que recorrerá 40 kilómetros con cuatro vagones con capacidad para 200 personas. Los medios locales mostraron sus reservas sobre la solvencia económica de la compañía, la poca transparencia al haberse adjudicado el contrato por invitación internacional —sin licitación— y su experiencia sobre todo en temas de agua. Las autoridades defendieron su idoneidad. La periodista Elisa Silió (El País) y el fotógrafo Samuel Sánchez ilustraron la denuncia en el siguiente reportaje:

“El Canal de Isabel II pagó 1,5 millones de euros de sobrecoste en unas obras de un anillo de distribución de agua entre Majadahonda y Boadilla del Monte en 2011. Ni se instalaron los metros de tubería facturados ni se removió la tierra certificada, pero nadie comprobó las mediciones. Así se desprende del informe, al que ha accedido EL PAÍS, encargado por el Canal antes de penalizar a tres ejecutivos implicados en el caso. Uno de ellos declarará este martes en la Asamblea. El Canal no logró recuperar el dinero en los tribunales. La obra civil se licitó por 51 millones en 2008 y la empresa JOCA se quedó con el contrato con una oferta temeraria de 30,43 millones. Luego las cuentas dejaron de casar. Por ejemplo, certificó la excavación de 125.475 metros cúbicos en tres meses, cuando el total de la obra era de 71.811. O la instalación de una conducción principal de 7,3 kilómetros, cuando no pasaba de 6,3. También se asume ahora que hay más tuberías facturadas que las existentes”, señala la periodista.

El informe de la asesora jurídica Dla-Piper para Canal relata que, en noviembre de 2011, la subdirectora de Ingeniería y Construcción, Belén Benito, supo que los trabajadores de JOCA iban abandonando las obras, “y tras oír rumores de que [la empresa] había presentado la declaración de concurso de acreedores”, solicitó a JOCA y a INNCIVE [sociedad encargada de la asistencia técnica, propiedad del Canal] una medición en origen. A partir de ella “se constató que el Canal había pagado por un trabajo que no se había hecho un importe económico en exceso equivalente a 1.496.870 euros”. Se abonaron en canalización 579.698 euros de más y 857.717 de sobrecoste de movimiento de tierras. Canal expulsó al director de la obra, Manuel Jiménez Torrico, y suspendió de empleo tres meses a la jefa de división, Esther Rica, y a Juan Alonso, jefe del departamento de construcción, que este martes declara a petición de Podemos en la comisión de endeudamiento. Jiménez Torrico se ha negado a ir. “Él ha terminado trabajando en una empresa brasileña muy cercana a INASSA [la empresa internacional de Canal], aunque no comparte accionariado, y hasta le recomienda el Canal”, explica Eduardo Gutiérrez, portavoz de Podemos en la comisión. El currículum del ingeniero que figura en Internet termina con una carta del Canal que acredita sus méritos, firmada tras su despido.

Los superiores de Jiménez Torrico corroboraban las mediciones “en el convencimiento de que reflejaban las mediciones reales realizadas”, según declararon durante la investigación interna. El jefe de construcción argumentó que los errores pudieron originarse al pasar los datos tomados a mano al sistema informático o por duplicidad en las partidas. La directora de Construcción, en cambio, opinó que podía haberse obrado “de mala fe”. Por eso, el 13 de diciembre de 2011 mandó una carta a JOCA informando de las irregularidades detectadas y reclamando 1.290.000 euros. Fuentes del Canal argumentan que la empresa hizo todo lo que estuvo en su mano para recuperar los 1,5 millones. Al detectarse el fraude en las mediciones, explican, dejó de pagar nuevas certificaciones, además de denunciar a JOCA por abandono de obra. En paralelo, la ingeniería reclamó a un juez de Badajoz —donde tenía su sede— 3,6 millones por impagos. El tribunal extremeño liquidó el contrato y en su sentencia obligó al Canal a abonar a JOCA 1,7 millones pendientes y estimó que no había lugar a recuperar los 1,5 millones de las mediciones. La sociedad madrileña recurrió a la Audiencia Provincial de Badajoz, que tampoco le dio la razón.

El parlamentario autonómico Eduardo Gutiérrez (Podemos), opina que ha habido un “quebranto del patrimonio público” y que el Canal debe recurrir a instancias superiores para recuperar los 1,5 millones. En la Asamblea solicitará ver las sentencias extremeñas. Tras medio año con las obras abandonadas y las aceras levantadas, otra empresa finiquitó en 2013 este tramo del anillo de distribución de agua. La empresa JOCA Ingeniería y Construcciones nació en Badajoz en 1977. Se expandió por España y Portugal con éxito, pero su posterior aventura inmobiliaria la arrastró a la suspensión de pagos en 2012. Los acreedores terminaron perdonando a JOCA un 25% de la deuda y la reflotaron con nuevos accionistas y con sede en Pozuelo de Alarcón. En 2013 otra empresa terminó su tramo del anillo de distribución de agua en Boadilla, y poco tiempo después comenzó su despegue internacional.