«El Ayuntamiento de Majadahonda niega la inquietud de los vecinos por la inseguridad»: «inversión preocupante de los principios democráticos»

MIGUEL SANCHIZ (Majadahonda, 30 de octubre de 2026). Entre los datos y el relato: cuando el Ayuntamiento de Majadahonda niega la inquietud de los vecinos. Majadahonda vive un debate que va mucho más allá de las cifras de delincuencia. Lo que está en cuestión no es únicamente la seguridad ciudadana, sino también la forma en que los responsables públicos afrontan los problemas cuando estos aparecen. Y en este caso, la respuesta del Gobierno municipal del Partido Popular (PP) ha sido tan llamativa como preocupante. Según los datos del Ministerio del Interior, en Majadahonda se registraron 1.134 infracciones penales en el último periodo contabilizado. Son cifras oficiales del Estado, no estimaciones periodísticas ni valoraciones de la Oposición. Sin embargo, lejos de analizar las causas, escuchar las inquietudes vecinales o reforzar la coordinación institucional, el concejal de Seguridad, Ignacio Silván, ha optado por desacreditar el debate. Su argumento principal consiste en afirmar que esos datos son una «cifra aislada» que proyecta una imagen de inseguridad alejada de la realidad. Pero si las cifras proceden del propio Ministerio del Interior, la cuestión no es si gustan o no políticamente, sino qué lectura debe hacerse de ellas y qué medidas corresponden a los gobernantes.

Nadie sostiene que Majadahonda sea una ciudad insegura. De hecho, continúa siendo uno de los municipios con mejor calidad de vida de España. Precisamente por eso resulta sorprendente que cualquier preocupación ciudadana sea interpretada automáticamente como un ataque político. Entre el catastrofismo y la negación existe una tercera vía: reconocer los problemas y actuar sobre ellos. El reciente robo a martillazos sufrido por dos empresarias chinas a plena luz del día frente a un centro educativo de La Granadilla ha causado una enorme conmoción vecinal. No porque un delito aislado convierta a Majadahonda en una ciudad peligrosa, sino porque la espectacularidad de los hechos transmite la sensación de que determinados grupos delincuenciales actúan cada vez con mayor audacia. Los hechos son conocidos. Un vehículo fue bloqueado por otro automóvil de alta gama, varios encapuchados rompieron las ventanillas con martillos para apoderarse de los bolsos de las víctimas y huyeron poniendo en riesgo a peatones y a un autobús interurbano. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y todavía no se han producido detenciones.

Ante sucesos de esta naturaleza, los ciudadanos esperan liderazgo político, información y coordinación institucional. Lo que difícilmente esperan es que se culpe a los medios de comunicación por informar o a la Oposición por preguntar. La democracia local funciona precisamente así: los periodistas preguntan, los partidos fiscalizan y los Gobiernos responden. Convertir la transparencia en una amenaza supone una inversión preocupante de los principios democráticos. La transparencia no crea los problemas, simplemente los hace visibles. Especialmente llamativo resulta que la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en Majadahonda rechazara una propuesta respaldada por todos los grupos de la Oposición para convocar periódicamente el Consejo Local de Seguridad con participación política. La iniciativa no cuestionaba el trabajo de la Guardia Civil ni de la Policía Local, que realizan diariamente una labor compleja y meritoria. Lo que pedía era más información, más diálogo y más coordinación. En una democracia madura, escuchar a la Oposición no debería interpretarse como una cesión de poder, sino como una oportunidad para mejorar las políticas públicas. La seguridad ciudadana no pertenece a un partido político. Es una preocupación colectiva que afecta por igual a votantes del PP, del PSOE, de Vox, Vecinos por Majadahonda, Más Madrid o de cualquier otra formación.

El problema de fondo es que el Gobierno municipal parece haber confundido la defensa de la gestión con la negación de la realidad. Reconocer que existen delitos no significa admitir un fracaso. Del mismo modo que admitir una lista de espera no implica que un hospital funcione mal, aceptar un aumento de determinadas infracciones no convierte automáticamente a una ciudad en insegura. Lo que sí resulta preocupante es la tendencia a descalificar las cifras oficiales cuando resultan incómodas. Porque si los datos del Ministerio del Interior no son válidos para abrir un debate, entonces cabe preguntarse qué datos aceptarían quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Majadahonda sigue siendo una gran ciudad para vivir. Pero precisamente por ello sus vecinos tienen derecho a exigir información, prevención y respuestas. Negar las preocupaciones vecinales, responsabilizar a la prensa de contarlas o reducir el debate a una cuestión de desgaste político no contribuye a reforzar la confianza pública. La seguridad se construye con policías, con prevención y con coordinación institucional. Pero también con transparencia. Y cuando los vecinos perciben que se intenta silenciar un problema en lugar de abordarlo, la confianza se resiente mucho más que cualquier estadística. La verdadera fortaleza de una ciudad no consiste en afirmar que no tiene problemas, sino en demostrar que sabe afrontarlos cuando aparecen.